La provincia se prepara para implementar desde septiembre el nuevo régimen penal juvenil que reducirá la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La reforma anticipa una mayor intervención del Estado sobre adolescentes en conflicto con la ley penal y abre un nuevo desafío: sostener el equilibrio entre la judicialización, las medidas de protección integral y las políticas de infancia
La reforma del régimen penal juvenil argentino ya comenzó a generar movimientos concretos en las provincias. Aunque el debate nacional continúa atravesado por discusiones políticas, jurídicas y sociales, en Mendoza la atención está puesta en la implementación práctica de una ley que modificará de manera profunda el funcionamiento del sistema penal juvenil.
La nueva normativa reducirá la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, permitiendo que adolescentes de entre 14 y 15 años puedan ser investigados, imputados y sometidos a procesos judiciales por delitos. Sin embargo, el alcance de la reforma va más allá del cambio etario: también amplía las conductas que podrán ser judicializadas y redefine las herramientas de intervención estatal sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.
La ley estableció un plazo de 180 días para su entrada en vigencia efectiva. Durante ese período, Nación y provincias deberán adecuar estructuras institucionales, protocolos, equipos técnicos y espacios físicos para aplicar el nuevo esquema. En términos operativos, se trata de una etapa de transición orientada a reorganizar el sistema penal juvenil y fortalecer su capacidad de respuesta.
Uno de los principales efectos esperados es el incremento de causas que ingresarán al sistema judicial. Hasta ahora, numerosos hechos considerados delitos leves —como amenazas, lesiones, daños simples o hurtos simples— quedaban fuera del alcance penal cuando eran cometidos por menores de 16 años.
“Va a judicializar penalmente a una cantidad mayor de niños y adolescentes”, señalaron desde el Gobierno provincial al Observatorio. El cambio implica que situaciones previamente abordadas por vías administrativas, comunitarias o de protección integral podrán comenzar a tramitar dentro del sistema penal juvenil.
Más intervención estatal
El impacto esperado no se limita a delitos graves. La reforma podría producir un crecimiento sostenido de expedientes vinculados a conflictos cotidianos, aumentando la demanda sobre fiscales, defensores oficiales, jueces, trabajadores sociales, psicólogos y equipos interdisciplinarios.
En ese escenario, Mendoza parte de una situación diferente a la de otras jurisdicciones. La provincia cuenta desde hace años con una estructura específica para responsabilidad penal juvenil a través de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), lo que le otorga cierta ventaja institucional frente a otras provincias que aún no desarrollaron sistemas especializados.
Desde el Gobierno provincial consideran que esa capacidad instalada permitirá absorber parte de la nueva demanda sin requerir, en una primera etapa, grandes inversiones en infraestructura. Las instalaciones actuales, sostienen, mantienen margen operativo para afrontar el incremento de intervenciones que podría comenzar a registrarse desde septiembre.
Otro de los pilares del nuevo esquema será la Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad (UMA), destinada al seguimiento y acompañamiento de adolescentes que reciben medidas distintas al encierro.
La reforma nacional promueve justamente la utilización de dispositivos alternativos a la privación de libertad, incorporando herramientas como acompañamiento interdisciplinario, controles, restricciones, seguimiento educativo y abordajes terapéuticos.
Por eso, dentro del sistema judicial mendocino consideran que el nuevo régimen no necesariamente derivará en un aumento automático de adolescentes alojados en centros cerrados. No obstante, sí anticipan una expansión importante de jóvenes bajo supervisión judicial o institucional.
El desafío del equilibrio
Uno de los debates centrales que acompañará la implementación será cómo sostener el equilibrio entre la respuesta penal y el enfoque de protección integral de derechos que rige para niños, niñas y adolescentes.
Especialistas y operadores judiciales coinciden en que la ampliación de la intervención penal exigirá fortalecer no solo las estructuras judiciales, sino también la articulación con áreas de salud mental, educación, desarrollo social y políticas territoriales.
La preocupación también alcanza a los recursos humanos. Aunque Mendoza disponga de infraestructura específica, el eventual crecimiento sostenido de causas podría requerir más operadores judiciales, mayor cantidad de equipos técnicos y nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional.
Los 180 días previstos para la implementación buscan justamente evitar improvisaciones y permitir la adecuación progresiva del sistema. Durante ese período deberán definirse capacitaciones, protocolos de actuación y modalidades concretas de funcionamiento del nuevo régimen.
En Mendoza predomina la idea de que la provincia llega mejor preparada que otras jurisdicciones. Sin embargo, incluso dentro de ese diagnóstico favorable existe consenso en torno a un punto: desde septiembre, el sistema penal juvenil enfrentará una transformación profunda, marcada por una mayor judicialización de adolescentes y una presencia mucho más activa del Estado sobre conflictos que hasta ahora permanecían fuera del radar penal.
Por Laura Fiochetta | ONAF | 13 de mayo de 2026
