A treinta años de la creación de la Carrera de Niñez, Adolescencia y Familia, Jorge Cortez, Magíster, abogado y licenciado en Minoridad y Familia, repasa más de dos décadas de trabajo en el Poder Judicial de Mendoza. De ese recorrido surge un aprendizaje central: los derechos se vuelven efectivos cuando el conocimiento profesional se convierte en respuestas concretas.
Hablar de una trayectoria de más de veinte años en el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza implica recuperar experiencias, aprendizajes y transformaciones institucionales. Esas transformaciones cambiaron la manera de abordar la violencia, en especial la que afecta a mujeres, niñas, niños, adolescentes y familias en contextos de vulnerabilidad.
Las instituciones cambian con las transformaciones sociales, normativas y culturales, pero necesitan profesionales capaces de convertir los principios generales en respuestas concretas.
La experiencia como construcción de conocimiento
Las problemáticas que llegan al sistema judicial rara vez son simples. Detrás de un expediente puede haber una historia familiar compleja. Detrás de una denuncia puede haber una violencia prolongada. Y detrás de un pedido de protección puede haber miedo, dependencia económica, aislamiento o amenazas. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, las decisiones deben considerar además su condición de sujetos de derechos y las particularidades de cada etapa de desarrollo.
Por eso no alcanza con identificar la norma aplicable. Hay que comprender qué sucede, qué factores intervienen y qué recursos existen. La experiencia enseña a distinguir lo urgente de lo importante. También enseña a reconocer cuándo una situación requiere seguimiento o la intervención articulada de distintos organismos. Esa es la operatividad: conocimiento aplicado.
De la norma a la realidad
Reconocer un derecho es un punto de partida, pero no garantiza su ejercicio. Una intervención tardía puede perder eficacia. Una derivación incorrecta puede generar nuevas dificultades. Una comunicación inadecuada puede aumentar la incertidumbre de una familia, y una respuesta fragmentada puede dificultar la protección integral.
La operatividad exige conocer los recursos y saber usarlos dentro de una red institucional. En ese marco, adoptar una medida suele ser el comienzo de una etapa de seguimiento, articulación y evaluación.
Una práctica necesariamente interdisciplinaria
En este ámbito conviven dimensiones jurídicas, sociales, psicológicas, educativas, sanitarias y familiares. Ningún profesional puede abordarlas solo: la interdisciplinariedad no es una opción conveniente, sino una necesidad. Ser operativo implica saber cuándo pedir una evaluación especializada, cuándo derivar y cómo articular con otros organismos, para que nadie deba recorrer instituciones innecesariamente. Una institución operativa no solo recibe demandas: orienta, articula y produce respuestas.
La perspectiva de género como herramienta de intervención
Incorporar la perspectiva de género no significa abandonar el análisis jurídico ni reemplazar las normas por opiniones personales. Significa contar con una herramienta para identificar cómo las desigualdades, las relaciones de poder y los estereotipos influyen en cada situación.
En la práctica, supone hacerse algunas preguntas:
- ¿Existe una relación desigual de poder?
- ¿Hay dependencia económica, control o aislamiento?
- ¿Hay antecedentes de violencia?
- ¿Hay niñas, niños o adolescentes afectados?
- ¿La persona cuenta con una red de apoyo?
- ¿Qué factores pueden aumentar el riesgo?
Esa mirada amplia es clave en el trabajo con familias, sin perder de vista que cada caso requiere un análisis individualizado.
La primera escucha ya es intervención
Quien llega a la Justicia puede sentir miedo, incertidumbre o desorientación, y desconocer sus derechos o qué institución puede ayudarle. Por eso, recibir adecuadamente a esa persona ya es intervenir. Eso significa escuchar con atención profesional, identificar lo relevante, brindar información clara y evitar prejuicios que se vuelvan nuevas barreras. Una buena escucha inicial permite distinguir lo urgente de lo que requiere un abordaje progresivo, y puede marcar todo el proceso posterior.
Construir instituciones desde la práctica
En 2012 comenzó a funcionar, a mi cargo, la Oficina de Asistencia Jurídica de Violencia contra las Mujeres. Luego fue elevada a Dirección de la Mujer, Género y Diversidad. Ese cambio formó parte de un proceso más amplio, en el que la violencia contra las mujeres ganó especificidad dentro del sistema de Justicia. Esa etapa fundacional deja una enseñanza: las instituciones no se construyen solo con normas o decisiones administrativas, sino también con las prácticas cotidianas de quienes las integran.
Operatividad: del conocimiento a la acción
Si un concepto sintetiza esta experiencia, y caracteriza al profesional de nuestra carrera, es la operatividad. No es sinónimo de rapidez. Ser operativo es actuar de manera eficaz, pertinente y responsable: saber qué hacer, cuándo, con quién articular y cuáles son los límites de la propia intervención. A veces habrá que intervenir de inmediato. Otras veces habrá que recopilar información, articular o acompañar procesos que llevan tiempo. No se trata de aplicar recetas, sino de tomar decisiones contextualizadas.
Así entendida, la operatividad es protección efectiva de derechos. El acceso a la Justicia no se agota en presentar una denuncia: implica comprender, recibir orientación y obtener una respuesta adecuada. Para niñas, niños y adolescentes, significa que el sistema no se convierta en una nueva fuente de vulnerabilidad. También significa que la protección integral, el interés superior, la autonomía progresiva y el derecho a ser oído guíen prácticas concretas.
De la intervención a la capacitación
La experiencia acumulada se potencia cuando se convierte en capacitación. No alcanza con enseñar legislación: hay que formar en herramientas de intervención. Un operador que aprende a identificar un estereotipo puede evitar reproducirlo. Si reconoce indicadores de riesgo, mejora su respuesta. Si domina técnicas de comunicación, mejora la primera escucha. Y si trabaja de manera interdisciplinaria, reduce la fragmentación. Las instituciones cambian y las generaciones se renuevan, pero los aprendizajes permanecen si se sistematizan y se transmiten.
Un legado en cuatro verbos
Esta trayectoria reúne tres dimensiones: la intervención directa, la construcción institucional y la transmisión a otros profesionales. La operatividad atraviesa las tres. Puede resumirse en cuatro verbos:
- intervenir para proteger;
- operar para hacer efectivos los derechos;
- transformar para construir mejores instituciones;
- transmitir para que la experiencia siga generando conocimiento.
La Justicia no se construye solo desde las normas, sino también desde las prácticas que las acercan a las personas. Allí radica el legado de una trayectoria: transformar experiencia en conocimiento, conocimiento en práctica y práctica en capacidad institucional. Ese es el camino hacia una Justicia más accesible, especializada, humana y respetuosa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias.
Por Jorge Cortez | ONAF | 19 de octubre de 2026
Jorge Nicolás Cortéz | Magíster, abogado y licenciado en Minoridad y Familia. Docente universitario y especialista en violencia familiar, cuenta con más de 20 años de experiencia en atención, asistencia y abordaje de problemáticas vinculadas a niñez, adolescencia y familia. Fue fundador de la Dirección de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza e integra el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia (ONAF) | Facultad de Psicología | Universidad del Aconcagua
