En esta primera entrega de una serie de columnas mensuales del Observatorio, el Magister Jorge Cortéz *, pone foco en las tensiones entre violencia escolar, responsabilidad parental y protección integral de derechos, en un contexto que demanda respuestas preventivas, interdisciplinarias y centradas en el cuidado.
En las últimas décadas se ha observado un incremento de situaciones de violencia en el ámbito escolar protagonizadas por niños, niñas y adolescentes, incluyendo conductas agresivas hacia pares y, en casos más extremos, la portación de armas que generan temor en la comunidad educativa. Este fenómeno exige un análisis multidimensional que permita comprender sus causas y evitar respuestas simplificadoras o exclusivamente punitivas.
Responsabilidad parental
Una primera línea de indagación remite a la responsabilidad parental, entendida conforme lo establece el art. 638 del Código Civil Argentino como el conjunto de derechos y obligaciones que los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral. Desde esta perspectiva, es posible sostener que el debilitamiento en el ejercicio de dichas funciones —particularmente en lo relativo al acompañamiento, la supervisión y la transmisión de normas— puede incidir en la emergencia de conductas disruptivas. No obstante, atribuir estas problemáticas únicamente al ámbito familiar resulta reduccionista, en tanto intervienen también factores sociales, económicos y culturales que condicionan las dinámicas de crianza.
En este sentido, las transformaciones en las condiciones laborales y los modos de organización familiar contemporáneos pueden limitar el tiempo de presencia adulta en el hogar, generando dificultades en la construcción de vínculos de referencia sólidos. La ausencia de figuras disponibles para la escucha y contención ante conflictos propios del desarrollo —como situaciones de acoso escolar o maltrato entre pares— puede propiciar que algunos adolescentes busquen resolver dichos conflictos mediante respuestas violentas o desadaptativas.
Institución escolar
Por otra parte, la institución escolar ocupa un lugar central como espacio de socialización secundaria, formación ciudadana y detección temprana de problemáticas. Sin embargo, en muchos casos se observa una sobrecarga de responsabilidades hacia la escuela, a la que se le demanda no solo la función educativa sino también la resolución de problemáticas sociales complejas que exceden su ámbito específico. Esta tensión puede derivar en la adopción de medidas centradas en el control y la vigilancia, tales como requisas personales o inspecciones generalizadas.
Si bien estas prácticas suelen justificarse en la necesidad de prevenir situaciones de riesgo, es pertinente problematizar sus efectos en relación con los derechos de los estudiantes. La implementación de controles indiscriminados puede implicar una vulneración de principios fundamentales como el respeto a la dignidad, la intimidad y el principio de inocencia, especialmente cuando se aplican sobre la totalidad del alumnado sin distinción. En este punto, resulta imprescindible considerar el marco normativo establecido por la Ley 26.061, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos y promueve un enfoque de protección integral.
Asimismo, estas prácticas pueden generar efectos no deseados, tales como el aumento del malestar institucional, la percepción de injusticia y la erosión de los vínculos de confianza entre estudiantes y autoridades escolares. De este modo, la focalización exclusiva en los potenciales agresores, acompañada de medidas que alcanzan indiscriminadamente a quienes no han participado en conductas violentas, puede contribuir a la configuración de una forma de victimización estructural que afecta al conjunto del estudiantado.
Abordajes integrales
En consecuencia, resulta necesario promover abordajes integrales que contemplen simultáneamente a los distintos actores involucrados. Ello implica no solo intervenir sobre quienes manifiestan conductas agresivas, sino también garantizar condiciones de bienestar y respeto para aquellos estudiantes que no participan en dichas prácticas. Las estrategias más eficaces suelen incluir programas de prevención, educación emocional, resolución pacífica de conflictos, fortalecimiento de los vínculos familiares y la participación de equipos interdisciplinarios.
En síntesis, el abordaje de la violencia escolar requiere superar enfoques reduccionistas y avanzar hacia políticas que articulen la corresponsabilidad entre familia, escuela y Estado. Solo a través de intervenciones integrales, proporcionales y respetuosas de los derechos humanos será posible construir entornos educativos seguros que no comprometan la dignidad ni las garantías fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Por Jorge Cortez | ONAF | 8 de mayo de 2026
(*) Jorge Nicolás Cortéz es magíster, abogado y licenciado en Minoridad y Familia. Docente universitario y especialista en violencia familiar, cuenta con más de 20 años de experiencia en atención, asistencia y abordaje de problemáticas vinculadas a niñez, adolescencia y familia. Fue fundador de la Dirección de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza e integra el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia.
