El Gobierno nacional envió un proyecto de ley al Congreso para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Las implicancias. El debate que se viene.
En nuestro país, en 1980 se promulgó el Régimen Penal de Minoridad, que estableció que la edad de imputabilidad es a los 16 años. Entendemos por “la edad de imputabilidad” es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a contextos de encierro.
Sin embargo, jóvenes de entre 16 y 18 años no son juzgados por el mismo sistema que las personas adultas. Sólo son punibles aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero recién pueden empezar a cumplir su pena en un contexto de encierro, de adultos a los 18 años. Antes, estos adolescentes pueden estar privados de su libertad en institutos especializados, en el caso de Mendoza es el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil ( ex Cose).
Con el argumento de mejorar los índices de delito, el Ministerio de Seguridad de la Nación, envió un proyecto para que la edad baje: que sean punibles quienes hayan cumplido 13 años.
Sin embargo, las cifras de delito no dicen lo mismo. Según pudo averiguar el Observatorio de Niñez y Adolescencia y Familia, los delitos cometidos por adolescentes, no son significativos en relación al resto de la población en Argentina.
Aunque las estadísticas oficiales son escasas o no están actualizadas por la complejidad que requiere el procesamiento de los datos, los informes aseguran que a nivel nacional, el porcentaje de “presuntos victimarios de homicidios dolosos” menores de 18 años no llega al 6%, según datos oficiales de 2019. En la provincia de Buenos Aires, los delitos cometidos por menores de 16 años, apenas llegan al 2,7% del total, según información que surge de las investigaciones penales del Poder Judicial
Por otro lado, en diez años, la población de jóvenes privados de la libertad en el Sistema Penal de Mendoza, ha disminuido más del 40 % de acuerdo a información oficial. Lejos de lo que se cree, hay menos alojados en el SRPJ.
Unicef, en su documento Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil, sostiene que: “Es sumamente importante que Argentina tenga una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales. Para esto se requiere un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas, para facilitar su inclusión en un proyecto de vida alejado del delito. Los estándares internacionales para la justicia juvenil unánimemente consagran como objetivo principal la resocialización de las y los jóvenes y la no profundización de sus condiciones de vulnerabilidad”.
En ese sentido asegura que: “ La experiencia muestra que un sistema basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que facilite la reinserción, es mejor para la sociedad porque reduce la reincidencia y la violencia y, además, en muchos casos esa clase de medidas resultan también menos costosas en términos económicos. Una justicia especializada para adolescentes y jóvenes debe garantizar el abordaje diferenciado desde el inicio de la investigación hasta la finalización del cumplimiento de la sanción, incluyendo cada una de las instancias superiores. Esto requiere, además de la modificación de la ley de fondo, la asignación de recursos económicos y el nombramiento de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos interdisciplinarios, por medio de procesos de selección que contemplen efectivamente la especialización en materia de niñez y adolescencia”.
Concluye: “En Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva. Es necesario encontrar un abordaje para la justicia juvenil que no afecte los derechos consagrados en los tratados internacionales que son parte de la Constitución Argentina. Existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”.
En el país, el debate viene dándose en ámbitos académicos y mediáticos, pero no había sido impulsado por el Ejecutivo como hasta ahora, con serias chances de salir aprobado. De hecho, un diputado por Mendoza, Álvaro Martínez (quien pertenece al bloque de La Libertad Avanza pero es del PRO), propuso que la edad debía bajar incluso hasta los 12 años. “La situación de inseguridad que vive la Argentina es preocupante, debido al absoluto abandono de las víctimas que han hecho los gobiernos populistas y la exorbitante protección que poseen los delincuentes que no respetan ni tienen consideración por el más mínimo derecho fundamental de las personas. El desprecio a la vida, a la libertad y a la propiedad privada se ha vuelto moneda corriente”, sostuvo el legislador mendocino.
Tras la propuesta del Gobierno, el 13 de agosto pasado, la Cámara de Diputados de la Nación reanudó el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, para debatir las iniciativas que modifican el Régimen Penal Juvenil. Durante la reunión, expusieron los diputados que presentaron proyectos acercan del Régimen Penal Juvenil. Paralelamente, está en debate el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establece que las penas no podrán superar los 20 años.
La diputada Carolina Píparo (Buenos Aires Libre) explicó que su proyecto busca “tener en cuenta la reincidencia de los menores desde que son imputables. Una vez que una persona ha tomado el camino del delito, debe ser tratado como tal, como un delincuente, incluso si es menor de edad. Mirar para el costado es una hipocresía”, manifestó. La diputada Ana Carla Carrizo (UCR) se refirió al proyecto de su autoría, que acompañan nueve diputados de su bloque. El texto toma un piso de 14 años para la edad de imputabilidad: “De 14 en adelante sí, menos de 14 no, esa es la primera gran diferencia con el gobierno. Esta es una ley que tiene que trascender a los gobiernos y durar. Creemos que el proyecto del oficialismo no es el mejor proyecto por el sistema que propone”, argumentó Carrizo. “¿Cuál es la gama de medidas a adoptar? ―se preguntó Carrizo― Ese es un universo de discusión, la privación de libertad es el último recurso”.
En tanto, la diputada Natalia Zaracho (Unión por por la Patria) dijo que: “No podemos discutir un régimen penal adolescente sin discutir el contexto en el que estamos. Nosotros tenemos una propuesta integral que tiene que ver con la prevención, con la no reincidencia. Sostenemos que la edad tiene que quedar en 16 años”, argumentó. “La baja de la edad no garantiza que haya una política de seguridad, menos del 1% de los crímenes graves son hechos por menores”, ejemplificó.
El diputado Manuel Aguirre (UCR) habló de “la crisis de la cedula básica que es la familia. “Tenemos que analizar la madurez mental de los chicos, si tenían la capacidad de entender lo que estaba haciendo. Pongo 14 años de edad como mínimo, aunque me parece que la edad es un estado socio-cultural, porque creo que hay que poner un límite”, añadió.
Ante el proyecto de bajar la edad de imputabilidad, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, manifestó: “En Argentina, 7 de cada 10 niñas y niños viven en la pobreza y tienen privaciones en el ejercicio de sus derechos. Son 8,6 millones de niños y niñas, de acuerdo a UNICEF, necesitan más escuelas y menos cárceles”, sostuvieron.
La edad de imputabilidad en el mundo
Argentina es uno de los pocos países que han mantenido el tope mínimo en los 16 años junto con Cuba. Hasta el momento, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela conforman la lista de los países de América Latina y el Caribe que han establecido que la edad mínima de imputabilidad sea de 14 años.
En el caso de España, desde el año 2000 que la edad punitoria descendió hacia los 14, pero la legislación no admite que los menores de esa edad, que delinquen, afronten sanciones penales.
Las normativas de Italia, Austria y Alemania podrían contemplar una penalización, si se demuestra que el adolescente juzgado estaba en plena consciencia de sus actos y pudiera ser capaz de comprender la gravedad de los hechos. Por otra parte, el régimen penal aplicado a menores de edad en Inglaterra comparte cierta similitud con estas condiciones, salvo que la definición de minoridad varía entre los 10 y los 17 años.
¡¡Imprescindible continuar con el debate!!
Por Laura Fiochetta. Edición: Rebeca Orellano | ONAF | 17 de Octubre de 2024
