A pesar de que no existe información oficial confiable, distintos estudios están contribuyendo a visibilizar la situación de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de su libertad. ¿Cuál es el estado del conocimiento sobre el encarcelamiento de adultos y su impacto en la vida de niños y niñas? ¿Por qué son necesarias políticas públicas que protejan y promuevan sus derechos? Desafíos y oportunidades para la Provincia.
Por Martín Coria *
Más allá de que aún no existen estadísticas oficiales, estudios recientes proponen que en América Latina y el Caribe viven al menos dos millones de niños y niñas con un padre o madre privado de la libertad. Esto incluye unos 96.000 casos en Argentina. Si se amplía la mirada para incluir a otros referentes adultos del hogar encarcelados (hermanos y tíos, entre otros) la cantidad de niños y niñas que viven en hogares con un miembro privado de libertad aumenta considerablemente.
En 2011 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a los Estados generar información sobre el número de niños y niñas con alguno de sus padres encarcelados y poner a disposición la misma en formatos que permitan acciones en favor de esos niños y sus derechos (Recomendación 45, CDN DGD 2011).
En Argentina, la única información estadística oficial disponible sobre paternidad y maternidad en cárceles se concentra en el Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. A la fecha éste continúa solicitando a las provincias y al Sistema Penitenciario Federal solamente la cantidad de mujeres que tienen hijos alojados con ellas (2) (Art. 195, Ley Nº 24.660).
Así, la última encuesta SNEEP disponible del año 2013 reporta que en Argentina 164 mujeres vivían con hijos en prisión. La información omite la cantidad de mujeres privadas de libertad que son madres y que no viven con sus hijos en prisión. También la cantidad de varones encarcelados (96% de la población penitenciaria) que son padres.
Avances en la producción de información
Afortunadamente en Argentina y en la región se están produciendo avances en la producción de información confiable. En muchos casos esto parte de iniciativas de la sociedad civil y la academia. Los trabajos más relevantes son los siguientes:
La investigación “Invisibles: ¿hasta cuándo? Una primera aproximación a la vida y derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados en América Latina y el Caribe. Estudio de caso: Brasil. República Dominicana, Nicaragua y Uruguay”, realizada por organizaciones defensoras de los derechos del niño en 2012. El estudio incluye un ejercicio de cuantificación de la cantidad de niños, niñas y adolescentes con padres y madres encarcelados en la región y por país, así como el resultado de entrevistas en profundidad realizadas a 50 niños y niñas con referentes adultos privados de libertad, 43 cuidadoras y 29 informantes clave.
La encuesta a presos condenados en seis países de América Latina incluida la Argentina, realizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. EL estudio fue parte del estudio regional de Estudio Comparativo de Población Carcelaria encargado por PNUD. En el capítulo Argentina, el 75% de los internos varones y el 85% de las mujeres internas entrevistadas respondieron ser padres/madres.
El monitoreo sobre la situación de las hijas e hijas de las mujeres privadas de libertad en Guatemala realizado por la organización no gubernamental Colectivo Artesana con apoyo de UNICEF Guatemala en 2014. La información generada fue utilizada desde entonces para diseñar protocolos de atención integral y otras herramientas y acciones. El monitoreo documentó que el 60% de las mujeres privadas de libertad del país declararon ser madres y que del total de hijos menores de 18 años reportados (2136), el 3% (80) vivían con ellas en la cárcel y el 97% (835) mayoritariamente con familiares.
Por primera vez en su edición 2014, el formulario de la Encuesta sobre la Deuda Social Argentina, programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, incluirá una pregunta sobre existencia de miembros del hogar que se encuentren “actualmente o haya estado privado de su libertad en un cárcel o instituto de menores”.
El estudio “Mujeres Invisibles” (2) elaborado por Catalina Pérez Correa, Profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE (México, 2014) para el Banco Interamericano de Desarrollo. Mediante la aplicación de 1213 encuestas a familiares que visitaban siete centros penales, el estudio visibilizó las características socio-demográficas de quienes visitan los penales y aportó información cuantitativa sobre los costos económicos, sociales y de salud que les son impuestos “por un modelo penal que omite reconocer su existencia”.
Estado del conocimiento sobre el encarcelamiento de referentes adultos y su impacto en la vida de niños y niñas
No empezamos de cero pero hay mucho por hacer.
La mayoría de los niños y niñas con un padre o madre privado de libertad están al cuidado de mujeres que en muchos casos se encuentran en situación de vulneración de derechos. Muchas veces éstas son víctimas de distintas formas de violencias.
A pesar de que el encarcelamiento de mujeres crece en casi toda la región -incluyendo Argentina y Mendoza-, la mayoría de las personas privadas de la libertad son varones: 96% del total en Argentina y 97 % en Mendoza. Por esta razón la mayoría de los niños y niñas en estos hogares son cuidados material y afectivamente por mujeres (madres, abuelas, tías, hermanas). Incluso en la mayoría de los casos de encarcelamiento de mujeres madres los hijos quedan al cuidado de otras mujeres.
A pesar de la contundencia de la información estadística y de los estudios sobre la magnitud y características de la maternidad y paternidad en cárceles, es la situación de las mujeres que viven con sus hijos e hijas en prisión la que ha concentrado la atención de especialistas, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y, en alguna medida, funcionarios públicos.
La mayoría de las niños y niños con referentes adultos encarcelados y sus familias ya están incluidos, son atendidos, acompañados y participan de políticas, programas y acciones de promoción, restitución o protección de derechos tanto desde el estado como desde la sociedad civil y la comunidad (escuela, organizaciones comunitarias, asignación universal por hijo, etc.). Sin embargo falta una mirada intencional y crítica a la forma en que el desempeño institucional intersecta con las necesidades específicas y derechos (tanto de niños como de mujeres) afectados por la situación de encarcelamiento en el hogar.
Con tres décadas de desarrollo en Norteamérica y Europa, el campo de estudios sobre las consecuencias del encarcelamiento en el hogar, especialmente en niños y mujeres desde una perspectiva de derechos, está vacante en nuestra región. Así, esto se constituye en una asignatura pendiente y una interpelación a especialistas y defensores de los derechos del niño.
En nuestra región, el estudio “Invisibles: ¿Hasta Cuándo?” indagó desde una perspectiva cualitativa y exploratoria en las consecuencias económicas, psicológicas, emocionales y en el desarrollo integral del niño del encarcelamiento de un referente adulto. A partir del testimonio delos propios niños y niñas y sus cuidadoras, el estudio confirma la existencia de situaciones de vulneración de derechos y violencias previas al encarcelamiento a las que se suman una serie de factores de riesgo y vulnerabilidad derivados del encarcelamiento.
Las políticas públicas regionales, nacionales y provinciales
En 2011, el Comité de los Derechos del Niño vio la necesidad de recordar a los Estados y otros actores que los hijos de padres encarcelados son inocentes, que tienen los mismos derechos que cualquier niño o niña y que los profesionales y técnicos en contacto con ellos (tanto en el proceso judicial como en la escuela y la comunidad) deben ser capacitados para responder a sus necesidades específicas (Recomendaciones 33 y 47, CDN DGD 2011).
En consecuencia, toda la normativa internacional, nacional y provincial dirigida a la protección y promoción de derechos de la niñez, la mujer y la familia los incluye y, a menos que atente contra el interés superior del niño, no son suspendidas o recortadas por el encarcelamiento de uno de los padres.
En el caso de mujeres privadas de libertad, desde el año 2010 las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres (Reglas de Bangkok) se constituyen en la guía para la acción de autoridades locales. Las mismas incluyen múltiples previsiones (Reglas) en relación a la relación de la interna con sus hijos e hijas, alojados y no alojados con ella.
Desafíos y oportunidades
Las oportunidades de producir mejoras en los niveles de protección y promoción de los derechos de los niños y niñas mendocinos con un padre o madre privado de libertad son evidentes y posibles de alcanzar en el corto y mediano plazo.
Producción de información:
En la provincia de Mendoza no hay estadísticas oficiales disponibles sobre la cantidad total de hombres y de mujeres privadas de libertad que son padres o madres. Diversos informantes clave aseguran que “ésa información tiene que estar en algún lugar”.
El capítulo Mendoza de SNEEP 2013 informa que 12 mujeres estaban alojadas con sus hijos al 31/12/13 (el 10% de la población total de mujeres privadas de libertad). Esto deja afuera la información sobre maternidad del restante 90 por ciento de las mujeres presas (110 mujeres ese año) y sobre los 3,370 varones privados de libertad, el 97 por ciento de la población carcelaria de la provincia de Mendoza.
Por ello es necesario ajustar el sistema de estadísticas penitenciarias provincial para visibilizar la magnitud y características de la paternidad y maternidad en cárceles mendocinas. Esto es indispensable para el diseño informado de acciones, programas y políticas específicas (Recomendación 45 del CDN DGD 2011).
También es preciso reconocer y visibilizar la circunstancia del encarcelamiento paterno/materno en el proceso de implementación gradual del Legajo Único del Niño, Niña y Adolescente (ley 8.772), promoviendo para ello la necesaria colaboración entre el poder judicial y ejecutivo de la provincia y la capacitación de agentes y operadores de los sistemas y subsistemas involucrados, asegurando el derecho a la privacidad y protección contra la estigmatización del niño/a (Recomendaciones 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47 CDN DGD 2011).
Conocimiento de las consecuencias del encarcelamiento de referentes adultos en la vida de niños y niñas:
Comprender y estudiar la magnitud, características y consecuencias del encarcelamiento de un referente adulto para el desarrollo integral de niños y niñas es una asignatura pendiente y desafío para los estados, las y los defensores de los derechos de la niñez y la academia en América Latina, Argentina y Mendoza.
Esto representa también una oportunidad para revisar el desempeño institucional de los distintos actores parte de los sistemas de protección de derechos de la niñez, adolescencia y familia en relación a este grupo de niños y niñas que enfrentan una situación de vida estigmatizante, traumática y mayormente “invisible”.
Se trata, en definitiva, de un paso necesario para la formulación de políticas públicas, programas y acciones que promuevan y protejan los derechos del niño y la familia puestos a prueba ante el encarcelamiento de uno de sus miembros.
Políticas públicas:
A partir de la producción de información y el conocimiento profundo de la situación es necesario comprometer al poder judicial y ejecutivo de la Provincia en acciones concretas y estructurales para prevenir y corregir en forma urgente la vulneración de derechos del niño, niña y adolescente que tienen lugar en ocasión del arresto domiciliario de mujeres embarazadas y/o con hijos a cargo.
Es posible explorar el rol de los municipios y las organizaciones comunitarias en el acompañamiento a familias con alguno de sus miembros privado de libertad tomando como punto de partida experiencias como las del Programa de Atención Integral para Personas en Conflicto con la Ley y sus Familiares del municipio de Morón (Pcia. de Bs As). También se pueden referenciar iniciativas como el proyecto de ley de inclusión social de personas liberadas y sometidas a procesos penales en discusión en la legislatura de la provincia de Buenos Aires.
También es viable animar procesos de concientización, organización y formación de liderazgo de hijos y familiares tomando como base la experiencia de la Red de Familiares de Presos a fines de la década del 90.
Referencias
1) Pérez Correa, C. (2014). Las Mujeres Invisibles: Los verdaderos costos de la prisión. Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/150417-Las-mujeres-invisibles.pdf
*Martín Coria es abogado (Universidad de Buenos Aires) y tiene una Maestría en Administración Pública de la New York University. Es Coordinador Regional para América Latina y el Caribe de Church World Service, una organización ecuménica estadounidense que desde 1946 trabaja para erradicar el hambre y la pobreza y promover la paz y la justicia. Es uno de los coordinadores de la publicación “Invisibles:¿Hasta Cuándo?. Una primera aproximación a la vida y derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados en América Latina y el Caribe. Estudio de Caso: Brasil, República Dominicana, Nicaragua y Uruguay. Gurises Unidos, Uruguay, Diciembre 2013″. Ver entrevista
