Lo que dejó el conversatorio sobre políticas de primera infancia y territorio

Por qué invertir en primera infancia, qué principios deben guiar esa decisión y cómo se traducen en experiencias nacionales, provinciales y municipales: ese fue el recorrido de Cecilia Del Bono, especialista en políticas de primera infancia y consultora de UNICEF Argentina, en el Conversatorio Abierto «Políticas de primera infancia: planificación desde el territorio», organizado por la Diplomatura en Gestión de Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia junto al Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia (ONAF).

El encuentro se realizó el lunes 24 de agosto, con modalidad virtual, sincrónica y de acceso abierto, en el marco del Módulo III, «Instrumentos para la gestión de políticas públicas. Planificación, monitoreo y evaluación». Fue moderado por José María Vittaliti, coordinador de la Diplomatura, y Javier Ávila, director de ONAF, y contó con la participación de Martín De Paula, docente de la cátedra, quien abrió la conversación situando el rol de la planificación como herramienta para establecer prioridades en contextos de recursos escasos y su vínculo indisociable con el monitoreo y la evaluación, además de la centralidad de contar con información y datos confiables para sostener ese ciclo de gestión.

Una etapa decisiva, con altísimo retorno

Del Bono centró su intervención en la primera infancia como una etapa decisiva para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños y niñas, y como el momento en el que se sientan las bases de sus trayectorias futuras. En ese sentido, planteó un argumento que atraviesa buena parte de la literatura especializada en la materia: toda inversión realizada en estos primeros años es una inversión altamente eficiente, cuyo retorno —social, educativo y económico— se proyecta durante toda la vida.

Ese argumento funcionó como sustento de su planteo central: la primera infancia no puede ser una prioridad discursiva, sino que debe traducirse en un lugar concreto en la agenda gubernamental, precisamente por el costo —social, económico e institucional— que tiene no intervenir a tiempo.

Un país en transformación demográfica, y una oportunidad

La especialista situó su análisis en el contexto de la transformación demográfica que atraviesa la Argentina, marcada por una baja tasa de natalidad. Lejos de presentarlo únicamente como un desafío, Del Bono planteó que este escenario representa también una oportunidad: con menos nacimientos, resulta posible pensar en mejorar la calidad de los servicios que se destinan a la primera infancia, en lugar de limitarse a ampliar su cobertura.

Las desigualdades que persisten

Sobre ese telón de fondo, la especialista repasó un conjunto de datos que muestran las profundas desigualdades sociales y territoriales que enfrenta la primera infancia en el país. Entre ellos, mencionó la tasa de mortalidad infantil, que se ubica en 8,5 por cada mil nacidos vivos, y la cobertura de salud, con un 47% de niños y niñas sin cobertura formal.

A esto se suma la situación nutricional: los niños y niñas menores de cinco años enfrentan hoy problemáticas como el exceso de peso, en un cuadro que convive con una fuerte pobreza monetaria. Del Bono señaló que la Argentina atraviesa una situación de pobreza extrema que golpea de manera particular a los más chicos: 2,2 millones de niños y niñas de hasta cinco años se encuentran en esa condición, lo que impacta de lleno en su calidad de vida y en sus posibilidades de desarrollo.

Por qué trabajar en políticas de primera infancia: cuatro perspectivas

Antes de avanzar sobre los niveles de gobierno, Del Bono recorrió los fundamentos conceptuales que, a su criterio, justifican poner a la primera infancia en el centro de la agenda pública. Su argumento se apoyó en cuatro perspectivas complementarias:

  • Perspectiva de ciclo de vida: los primeros años son una ventana de desarrollo que condiciona las etapas posteriores, por lo que intervenir a tiempo tiene un impacto que se proyecta a lo largo de toda la trayectoria vital de una persona.
  • Perspectiva de entornos: el desarrollo infantil no depende únicamente de las políticas dirigidas al niño o la niña, sino de la calidad de los entornos en los que crece —el hogar, la familia, las instituciones, la comunidad y el territorio.
  • Integralidad: las respuestas del Estado deben abordar al niño y a la niña en toda su complejidad, articulando políticas, servicios y prestaciones en lugar de fragmentarlos por área.
  • Intersectorialidad: ninguna de estas respuestas integrales es posible sin la articulación entre sectores —salud, educación, desarrollo social, protección de derechos— y entre niveles de gobierno.

Del Bono planteó estas cuatro perspectivas como enfoques pensados desde el territorio, con objetivos compartidos entre los distintos actores involucrados. En ese sentido, subrayó que la intersectorialidad no debe entenderse como una declaración de buenas intenciones, sino como una estrategia concreta y, sobre todo, como una forma de trabajo de la gestión pública: un modo de organizar la acción estatal, y no solo un principio orientador.

Del dispositivo de coordinación a la planificación territorial: los tres niveles

Para mostrar cómo estos principios se traducen en la práctica, la especialista presentó experiencias concretas en tres niveles de gobierno, cada uno con su propio dispositivo de coordinación y su propia lógica de planificación.

Nivel nacional: Estrategia Federal de Primera Infancia (EFPI). La EFPI busca avanzar hacia una mayor integralidad y coordinación de las políticas y prestaciones de primera infancia que hoy dependen de distintos organismos nacionales. Se estructura a partir de una Mesa Nacional de Primera Infancia y de instancias de trabajo entre organismos con competencias en salud, educación, identidad, protección social, niñez y otras áreas. Un elemento central de la estrategia es la identificación y priorización de 15 prestaciones consideradas estratégicas para la primera infancia, que funcionan como base para ordenar la acción pública y analizar su cobertura territorial. El desafío, señaló Del Bono, no es solamente acordar estas prestaciones a nivel nacional, sino traducir esos acuerdos en planes de trabajo con las provincias, reconociendo que cada una tiene brechas, capacidades y prioridades diferentes. A partir de ese marco, el nivel nacional avanza en una priorización territorial —con provincias como Salta, Entre Ríos y Chubut— y en el seguimiento y análisis de cobertura y brechas territoriales.

Nivel provincial: Mesa de Primera Infancia de Entre Ríos. Como ejemplo de instancia provincial, Entre Ríos cuenta con una Mesa Provincial de Primera Infancia que articula áreas con competencias en desarrollo humano, salud, educación y protección de derechos. A partir de un proceso de trabajo sostenido, la provincia avanzó en un diagnóstico programático que permitió identificar políticas, servicios, brechas y oportunidades de articulación. Sobre esa base, la planificación se organizó alrededor de tres líneas prioritarias: educación y cuidado; acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad; e inmunizaciones en niñas y niños de 0 a 5 años. Para cada una de estas líneas se avanza en la definición de objetivos, actividades, responsables, cronogramas, metas e indicadores de seguimiento, además de la articulación con los municipios, incluyendo el trabajo con la Mesa de Uniones de Niñez y Adolescencia (MUNA). Del Bono destacó que el nivel provincial puede cumplir un papel estratégico como articulador entre políticas.

Nivel municipal: Balcarce (provincia de Buenos Aires). En el plano local, el caso de Balcarce mostró cómo estos procesos se bajan a la escala municipal a través de una Mesa Local de Primera Infancia, conformada mediante encuentros intersectoriales. A partir de un relevamiento y diagnóstico de servicios, brechas y una construcción compartida entre los actores locales, el municipio elaboró un documento local, validado en octubre de 2025, que fue formalizado mediante un acta acuerdo municipal para sostener una estrategia local integral e interjurisdiccional. Su implementación se plasma en el Programa PIP (2026), con acciones articuladas en salud, educación, desarrollo social y espacios comunitarios. Para Del Bono, este nivel local permite transformar la articulación entre actores en una estrategia institucionalizada, basada en información y orientada a la acción.

Cierre: planificar desde el territorio es construir capacidad estatal

Del Bono cerró su exposición proponiendo cinco claves sobre qué supone planificar políticas integrales de primera infancia desde el territorio:

  • Partir de problemas y desigualdades concretas del territorio, sin perder de vista la garantía de derechos de niñas y niños en su primera infancia.
  • Construir respuestas integrales frente a problemas multidimensionales, articulando políticas, servicios y prestaciones.
  • Articular sectores y niveles de gobierno, reconociendo competencias y responsabilidades diferenciadas.
  • Fortalecer capacidades estatales e institucionalizar la coordinación, para sostener los acuerdos más allá de las personas y las coyunturas.
  • Traducir prioridades y acuerdos en planes de trabajo, con objetivos, acciones, responsables, plazos, metas e indicadores de seguimiento.

Y resumió su planteo central en una idea que funcionó como cierre de su exposición:

«Planificar desde el territorio no es sumar intervenciones, sino construir capacidad estatal para producir coherencia entre niveles de gobierno.»

Por ONAF | 25 de agosto de 2026

Nota de redacción: El presente texto fue editado y optimizado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial (Claude, desarrollado por Anthropic).»

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