Brinda asesoramiento legal, información sobre causas judiciales y derivaciones para un abordaje integral. Además, capacita a funcionarios del Poder Judicial en perspectiva de género y analiza datos para mejorar las políticas de prevención y asistencia.
Desde 2012, la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de la Corte Suprema de Mendoza ofrece un servicio gratuito para mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia de género. Su labor abarca la asistencia jurídica, el acceso a información judicial, la derivación a otros organismos y la capacitación del Poder Judicial. En 2023, intervino en 4.796 casos, consolidándose como un recurso clave para garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la protección de los derechos humanos.
Un espacio de asistencia y acceso a la justicia
La Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de la Corte Suprema de Mendoza, denominada Doctora Carmen Argibay, es un servicio gratuito que garantiza el acceso a la justicia en casos de violencia de género. Su objetivo principal es brindar asistencia legal a mujeres y diversidades, informar sobre el estado de causas judiciales y derivar a las personas afectadas a organismos especializados para un abordaje integral.
Cualquier persona en situación de violencia de género, sus representantes o quienes tomen conocimiento de un caso pueden solicitar la intervención de la Dirección. La atención está disponible sin turno previo en sus distintas sedes, a través de WhatsApp, por teléfono fijo, mediante el portal de servicios Ciudadanía o por correo electrónico. Más información en: https://jusmendoza.gob.ar/direccion-de-la-mujer-genero-y-diversidad/.
Funciones y acciones de la Dirección
La Dirección de la Mujer, Género y Diversidad brinda asistencia jurídica gratuita a mujeres y diversidades en situación de violencia, ofreciendo orientación legal y acceso a información sobre sus derechos y causas judiciales. Para un abordaje integral, realiza derivaciones responsables a organismos especializados, garantizando apoyo psicológico, social y económico. En el marco de la Ley Micaela, capacita a magistradas/os, funcionarias/os y agentes judiciales en perspectiva de género, promoviendo intervenciones más eficaces.
Coordina acciones con la Oficina de la Mujer de la Nación y su red provincial, fortaleciendo estrategias de prevención y asistencia. Analiza indicadores de violencia de género dentro del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) para evaluar políticas públicas. Además, recolecta y sistematiza datos para medir el impacto de las acciones implementadas y mejorar la respuesta institucional.
Durante 2023, la Dirección intervino en 4.796 casos. Las intervenciones incluyen audiencias en el fuero penal colegiado, presentaciones en juzgados de familia y el Ministerio Público Fiscal, consultas en el portal web y denuncias de violencia intrafamiliar.
Actualmente, la Dirección está a cargo de la doctora Pamela Cuartara, con la secretaría a cargo de Ariel Morales Vera. Cada circunscripción judicial cuenta con sedes atendidas por profesionales especializados.
Los orígenes de la Dirección
Uno de los creadores de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad es el Profesor Jorge Nicolás Cortez, integrante del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia. Cortez es Licenciado en Minoridad y Familia, abogado y docente de la cátedra de Residencia y Práctica en Servicio desde hace más de 15 años.
«La Dirección fue creada por la Acordada 24.292 de la Corte de Mendoza, el 25 de julio de 2012. Surgió ante la necesidad de brindar asistencia a mujeres en situación de violencia, ofreciendo acompañamiento y el derecho a la información sobre qué medidas tomar», explicó Cortez.
«Con el tiempo, se convirtió en un modelo a nivel nacional, en línea con la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y con tratados internacionales que garantizan la igualdad y la protección de los derechos humanos de las mujeres. Luego, cambió su denominación y pasó a ser la Dirección de la Mujer de la Suprema Corte de Mendoza», agregó.
Esta herramienta institucional, junto con la existente en el Poder Ejecutivo, permitió abordar la violencia de género con un enfoque más integral. «Es fundamental que los operadores judiciales reciban capacitación en la temática. La perspectiva de género debe estar incorporada a nivel institucional para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de las mujeres», concluyó Cortez.
Por Laura Fiochetta | 28 de marzo de 2025
