Es Psicólogo, Magister en Psicología Social y cursa el doctorado en educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Como investigador y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua ha estudiado distintos aspectos de la vida de los niños y niñas en conflicto con la ley penal. Su labor académica en las cátedras “Sistemas familiares” y “Adolescentes en conflicto con la ley penal” ha incluido la dirección de numerosos trabajos de tesis sobre la temática. No está de acuerdo con la baja en la edad de imputabilidad. Opina que en lugar de invertir recursos en los procesos penales, las políticas estatales deberían orientarse hacia la prevención desde un enfoque de derechos. “La responsabilidad de los adultos sobre los niños, niñas y adolescentes que delinquen pasa principalmente por ayudarlos a encontrar alternativas de desarrollo, inclusión y posibilidades de construir un proyecto de vida”, afirma.
¿Cuál es la situación de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en Mendoza?
Creo que la situación es preocupante. No porque el número sea mayor que en otros contextos del país, sino porque es un tema complejo e involucra a una parte muy sensible de la población. En casi todos los casos los niños y niñas en conflicto con la ley tienen la doble condición de ser a la vez víctimas y victimarios. Vienen de toda una historia de vulneración de sus derechos que termina llevando a que a su vez ellos transgredan la ley. Además, quienes terminan siendo intervenidos por la Justicia Penal de Menores en la mayor parte de los casos están por debajo de la línea de pobreza. Entonces tenemos que a la histórica vulneración de derechos que han sufrido en sus vidas se le suma la victimización que experimentan al entrar al sistema judicial. Y recordemos que para estos niños la situación de estar judicializado ya significa un estigma más. En esto afortunadamente Mendoza está un poco mejor que otras provincias, ya que existe una Dirección de Responsabilidad penal Juvenil desde la cual se trabaja articuladamente con los jueces en lo penal de menores. Pero esto no significa que estemos bien: aún existe una deuda importante con nuestros niños y niñas.
¿Y Cómo describiría el marco legal e institucional al que hace referencia? ¿Qué tensiones y debates lo atraviesan?
Primero que nada, quiero aclarar que esa pregunta la podría responder con mucha más precisión un jurista o un abogado. No obstante, el acercamiento que he tenido a la temática me ha llevado a observar y leer sobre estos temas. En 1995 en Mendoza se aprobó la Ley Provincial 6.354 de Niñez, Adolescencia y Familia. El Título III de esta ley establece la organización del sistema de justicia en lo penal de menores. Si bien en aquella época la norma se elaboró de acuerdo a los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño, inevitablemente mantuvo algunos vicios del antiguo paradigma tutelar, específicamente de la derogada Ley Nacional 10.903 de Patronato de Menores. A esto se suma lo que considero otro problema grave, que es la vigencia de la Ley Nacional 22.278, sancionada en 1980 durante la dictadura militar. Si bien esta ley ha tenido sucesivas modificaciones, casi cuarenta años después aún regula el régimen en lo penal de menores en nuestro país. Esto hace que en la legislación vigente existan contradicciones que pasan incluso por lo ideológico. Si bien yo creo que los jueces han ido adecuándose a la Ley 26.061 de protección integral de derechos, aún siguen quedando paradigmas contradictorios que se manifiestan en algunos discursos y prácticas. Esto genera muchas lagunas de interpretaciones sobre cuestiones específicas que quedan a criterio de los jueces. Por todo esto, el generar una legislación acorde con la normativa internacional y a la ley Nacional 26.061 también es una importante deuda pendiente.
Teniendo en cuenta este panorama, ¿hacia dónde deberían orientarse las políticas públicas relacionadas con esta población?
En primer lugar, creo que no es conveniente la baja en la edad de imputabilidad. La principal razón es que aún a los adolescentes que hoy en día son imputables no podemos proporcionarles los recursos, estrategias y condiciones que realmente les permitan modificar las situaciones de fondo que los llevaron a delinquir. Desde esta perspectiva, en vez de invertir recursos en los procesos penales y en cuestiones como la baja de la edad de imputabilidad, las políticas estatales deberían orientarse hacia un fuerte trabajo de prevención. En este sentido la prevención sólo es posible desde una perspectiva de derechos: otorgando derechos a los chicos de manera integral, acompañando, teniendo presencia en los barrios y en las zonas más vulnerables. En general ya sabemos cuáles son los barrios en donde está la población que necesita mayor atención. Entendemos a la atención no como represión, seguimiento o presencia policial, sino como un trabajo más fuerte, con espacios de inserción, capacitación, recreación y deporte. Esto debe permitir a los chicos encontrar alternativas satisfactorias de desarrollo, de inclusión social, de posibilidades para proyectar su vida por fuera del delito.
¿Y de qué manera este trabajo podría llevarse a cabo incluyendo a las familias?
Justamente otra deuda pendiente por parte del Estado y particularmente con los efectores de salud mental es el trabajo con las familias. En los últimos años ha habido cambios importantes en las dinámicas familiares. Los papás muchas veces no saben cómo acompañar a sus hijos y te lo plantean de esa manera. El problema es que los padres llegan cuando los chicos ya son adolescentes y han decidido ciertos caminos que son complicados de revertir. Por eso es necesario acompañar a los padres mucho antes. Hay que tener una mayor presencia en las situaciones de abandono o deserción escolar, por ejemplo. En general creo que hay que hacer un trabajo fuertemente preventivo y de acompañamiento, con un grado mayor de efectividad que el que hoy tiene el Sistema Integral de Protección de Derechos. No digo que esto vaya a impactar en el cien por ciento de los casos, pero sí va a formar una malla protectora que va a disminuir significativamente el número de adolescentes que cometan alguna transgresión penal.
Desde su experiencia y teniendo en cuenta la perspectiva que está planteando ¿Qué opina de la iniciativa de reforma del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil impulsada por el gobierno provincial?
Creo que tiene buenas intenciones, pero no se condice mucho con algunos de los elementos que he planteado. Incluso en algunos casos hasta aparecería alguna cuestión de represión o de control y no de desarrollo de políticas de acompañamiento. Aún cuando hayan cometido algún delito, los niños siguen siendo niños. Y el hecho de haber cometido algún delito es una situación que no necesariamente califica a un niño. Entonces, a veces el hecho de que quede inserto en el sistema judicial incluso sin haberse demostrado la responsabilidad penal es un estigma adicional a los otros que ya traían. Por eso no creo en una baja en la edad de imputabilidad. Por el contrario, creo que hay que trabajar en la mejora del sistema de protección de derechos, en el cual hay serias deficiencias. Hay falta de respuestas adecuadas desde el sistema de salud -especialmente de salud mental- y de educación. Por ejemplo, desde diciembre nos encontramos con tres meses en los que los chicos quedan a la deriva porque no hay propuestas recreativas, educativas o culturales que los contengan. ¿Entonces qué hacen? Se juntan en una esquina y terminan tomando algo. Esto es lo problemático sobre lo cual hay que trabajar. Como adultos tenemos que hacernos responsables de acompañar adecuadamente al chico. Esto no significa que no haya que trabajar su responsabilidad penal. Él tiene que hacerse cargo de los errores que cometió para no volverlos a repetir, pero no desde la represión, la privación de libertad o la persecución. Por el contrario, el camino es el trabajo mancomunado desde toda la red del sistema de protección integral.
Por Javier Avila | Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia | 31 de marzo de 2018
