Es jueza del Tercer Juzgado en lo Penal de Menores de la provincia de Mendoza. Abogada,especialista en Ciencias Penales y Doctora en Conducta Humana por la Universidad de Valencia, España. Su actividad académica incluye investigación y docencia en carreras de grado y posgrado de la Facultad de Psicología de la UDA. Es presidenta y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia (ALAMFPyONAF), organización que nuclea a expertos de toda América Latina. Conferencista, expositora y referente regional en temas relacionados con justicia juvenil, María Fontemachi sostiene que en los últimos años los ilícitos que involucran a adolescentes punibles no han aumentado, aunque sí se ha producido un agravamiento en los tipos de delitos. Frente a esto, lejos de centrarse en la privación de libertad, las políticas públicas deberían orientarse hacia la aplicación de medidas que potencien el desarrollo integral de los jóvenes infractores de la ley.
¿Cómo describiría la población de niños y niñas en conflicto con la ley Penal en Mendoza a partir de los casos que ingresan a su Juzgado?
En general son adolescentes que tienen problemas de consumos y algunos adicciones, este es el grave flagelo que los traspasa. Tienen entre 16 y 17 años y en general su nivel de escolaridad y su rendimiento escolar es bajo. Pocos alcanzan la escolaridad media, en la mayoría de los casos por falta de incentivo personal y familiar. Los sistemas de educación formal no los pueden contener y tienen mayor inclinación por capacitaciones en oficios. La mayoría tiene familia. Un 80 por ciento vive con alguno de sus padres, es decir que no están privados del medio familiar. En otros casos están a cargo de algún pariente, como una tía o un hermano. Los adolescentes que no viven con algún familiar desde temprana edad se encuentran insertos en el Sistema de Protección de Derechos del Órgano Administrativo Local, es decir que están incluidos en sus programas. Respecto a las familias, generalmente tienen problemas de desestructuración, violencia familiar y escasos recursos económicos y personales. Mas allá de la composición sus familias, éstos adolescentes están faltos de límites y buenos modelos. De una investigación efectuada surge que el 45% de los chicos no reciben respuesta alguna cuando no cumplen con las directivas de sus padres. Otra situación preocupante es que un 60% del total tienen entornos de amistades con antecedentes penales. También nos llegan casos de familias constituidas con recursos económicos y cultura de trabajo, pero los adolescentes son captados por la droga y por bandas que se dedican a cometer delitos. En general cuando son captados en un primer hecho, las intervenciones son más fáciles y exitosas, ya que se logra que los adolescentes no vuelvan a infringir la ley y retomen conductas prosociales. En resumen, los contextos sociales se caracterizan por la falta de actividades y los bajos recursos, con adolescentes faltos de motivaciones y proyectos de vida. Pero reitero, el mayor problema con el que nos encontramos es el consumo problemático y la falta de respuestas. Muchos quieren comenzar tratamientos, pero los lugares para efectuarlos son escasos o inexistentes. Más aún cuando necesitan trasladarse de sus hogares hacia comunidades terapéuticas. Esto es muy difícil ya que sólo existe una Unidad de Internación en Crisis (UIC) y es para casos agudos de desequilibrio mental.
¿Es posible realizar alguna caracterización en términos socioeconómicos?
No tenemos en este momento la base de datos adecuada porque no se ha hecho investigación sobre eso puntualmente. Yo las tengo hechas de otros lugares y momentos, pero podemos decir que en general son de clase media – baja, aunque existen excepciones. Una cantidad importante tiene padres que trabajan informalmente como changarines, obreros de la construcción, etcétera. Incluso algunos son funcionarios de fuerza de seguridad o empleados municipales. En general los y las adolescentes que ingresan tienen las necesidades básicas satisfechas. Lo que pretenden es tener más de lo que sus padres les pueden dar, fundamentalmente por el tema del consumo. También para tener la ropa o las zapatillas que les parece que ellos merecen y que sus padres no les pueden comprar. Generalmente, los padres vienen y me dicen: «no le falta para comer, le doy para vestirse, le doy la posibilidad de estudiar». Pero el adolescente está inmerso en una sociedad que potencia el consumo, a esto se agregan las necesidades que se generan por las adicciones y situaciones barriales conflictivas o complicadas.
¿Cómo ha evolucionado la problemática en los últimos años? ¿Han aumentado la cantidad de casos?
En los últimos años ha aumentado la violencia y la cantidad de chicas imputadas de delitos. La cantidad de delitos cometidos por adolescentes no ha aumentado. De acuerdo a los índices registrados por Comisaria del Menor, que es el único ente estatal que tiene la posibilidad de registrar los ingresos de adolescentes, en 2003 ingresaron 2776 chicos, en 2010 1497 y en 2017 la suma fue de 589. Si bien la legislación ha cambiado en el sentido de que los niños y niñas ya no son derivados a la institución y son responsabilidad del Órgano Administrativo Local, estos números demuestran que no hay mayor cantidad de ingresos. No obstante, al utilizarse armas, hay delitos más violentos. Esto es preocupante. Usan armas como cuchillos o navajas y también armas de fuego. Algunas funcionan, otras no y otras son las llamadas “tumberas”, fabricadas por ellos mismos. En general ellos dicen que portan el arma porque están pensando que los pueden atacar o porque ya han sido víctimas de algún delito. También para defenderse del accionar de otras “bandas” rivales. Pero en general luego se demuestra que las armas las portan porque les da identidad. Se defienden, pero también las utilizan para cometer delitos.
¿Qué observa respecto a la vinculación de estos niños y niñas con actividades que tienen que ver con el crimen organizado?
Sabemos que el crimen organizado ha llegado a Mendoza. También que hay muchos adolescentes conectados con bandas criminales. No obstante, esto no se ve a nivel estructural. Son muchos más los adolescentes que ingresan a la justicia penal de menores por delitos que no tienen que ver con el crimen organizado. Las estadísticas no nos indican que se hayan descubierto grandes bandas. Sí hubo dos casos muy conocidos, uno de ellos fue el de “los soldaditos de la Yaqui”, banda que luego fue detenida. En relación a esto último, lo que nosotros hemos observado es la existencia de los llamados “soldaditos”. Son los chicos que portan, los que hacen de “mula” o los que distribuyen drogas. ellos mismos lo cuentan. Lo que sale a la luz con frecuencia es el secuestro de cierta cantidad de narcóticos y la detención de los integrantes de esas bandas. Sabemos que están operando en Mendoza, captan adolescentes para usarlos de esta manera. ¿Por qué lo hacen? Porque estos chicos pueden ganar mucho más en un día de reparto que haciendo otro tipo de trabajos informales a los que tienen acceso. Si bien según la ley local a partir de los dieciséis años ya pueden trabajar, no tenemos la posibilidad de que ellos consigan un trabajo que les posibilite tener un ingreso.
¿Cuál es su opinión del marco legal con el cual se aborda a estos adolescentes? ¿Qué tensiones lo atraviesan y hacia dónde deberían orientarse las políticas públicas en el tema?
El mayor conflicto que tenemos es que aún no se ha reformado la Ley Nacional 22.278/803 que regula el régimen especial para adolescentes infractores. De todos modos, los juzgados aplicamos las convenciones internacionales de derechos humanos y lo recomendado en el Informe de 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo nuestra jurisprudencia respetuosa de los estándares internacionales. En este sentido las sanciones son siempre diferentes a las de los adultos. Lo que más nos preocupa es la falta de programas específicos para adolescentes. Para el seguimiento sólo contamos con una Unidad de Medidas Alternativas dependiente de la Dirección de Responsabilidad Penal juvenil , pero faltan programas inclusivos, educativos o que potencien el desarrollo de los chicos y chicas. Hacen falta más programas que se encarguen de la salud mental y de capacitación e inserción laboral. En este sentido, en mi juzgado se ha implementado un exitoso programa que incluye a padres y adolescentes. El programa cuenta con la dirección de la Licenciada en Niñez, Adolescencia y Familia Liliana Muñoz y su equipo. Respecto a la legislación local, nos rige la ley 6354/95, que ha quedado desactualizada respecto de la implementación de la ley 26.061. Específicamente en lo que respecta a la competencia de los Jueces penales de menores, que antes se hacían cargo de las medidas de protección de los niños y niñas menores de 16 años que intervenían en hechos tipificados por el código penal, hay varios proyectos. No obstante no hay ninguno que haya tomado carácter parlamentario. De los proyectos que podamos haber visto lo que más nos interesa es que se incluya la justicia restaurativa, es decir la responsabilización, la restauración de derechos de la víctima y la comunidad, como así también la pauta educativa e inclusiva. Siempre utilizando métodos como la mediación, el arbitraje u otros que posibiliten la resolución de conflictos, tanto a nivel personal como comunitario. Es fundamental entonces priorizar políticas públicas inclusivas que contengan esta problemática, con la importancia y la invención necesaria para recuperar la normalidad en la vida de los y las adolescentes en situación de conflicto social.
