Es Psicólogo (UNSL), Diplomado en Criminología (UDA) y Profesor Universitario en Psicología Cognitiva Conductual. Entre 1998 y 2003 fue director y docente de la carrera de Minoridad y Familia de la Universidad del Aconcagua. Ha sido funcionario responsable del antes denominado “COSE” (Centro de Orientación Socio Educativa) en distintos gobiernos provinciales. Actualmente ejerce como Director General de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ). Afirma que Mendoza es una de las pocas provincias que ha asumido institucionalmente la problemática de los adolescentes transgresores de la ley penal. Desde su perspectiva, las políticas de área deben orientarse hacia abordajes integrales, que prioricen la aplicación de medidas alternativas e incluyan programas de salud mental. “El delito es más bien un síntoma de un problema de salud mental, más que una cuestión de tipo eminentemente legal”, sostiene. La entrevista fue realizada en diciembre de 2017.
¿Cómo describiría la problemática de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en Mendoza?
Creo que el tema aquí en Mendoza no es grave, lo que pasa es que nosotros lo hemos asumido. Uno ve que las demás provincias casi no tienen adolescente internados. Provincia de Buenos Aires tiene setecientos, Misiones ninguno, La Pampa doce, Entre Ríos dieciocho y Mendoza ochenta y uno. La imagen que queda es que Mendoza posee la mayor cantidad del interior del país. Entonces yo les pregunto: ¿Y ustedes los tienen en comisarías? Y ahí se acaba la hipocresía. Nosotros hemos asumido el problema directamente. Hay provincias que tienen un pabellón en la cárcel de mayores donde ponen a los pibes, otras que tienen un sistema abierto y cuando el pibe complica mucho lo tienen en la comisaría. Entonces de alguna manera el Estado se queda sin dar una respuesta a la seguridad. Yo creo que el tema seguridad ha pasado a ser un tema primario en la agenda política. Uno de los problemas más graves de salud mental que tenemos en nuestro país es la violencia. Hay una población importante que tendría que estar en un sector de salud mental, porque el delito es más bien un síntoma de un problema de salud mental más que una cuestión de tipo eminentemente legal.
¿Cómo ha evolucionado la respuesta del estado a la problemática en los últimos años?
Yo estoy acá desde el año 1985 en forma intermitente y he visto los cambios que hemos tenido en Mendoza. En 1985 era un solo pabellón y había cien pibes y dos personas con palos que manejaban la disciplina. Eso ha cambiado. Ahora tenemos ocho clasificaciones, desde mayor seguridad hasta chicos con problemas de salud mental y régimen semi-abierto. Tenemos una casa para quienes han cometido delitos menores y una unidad de medidas alternativas. En la primera parte de 2018 vamos a abrir el Centro de Abordaje Integral para Adolescentes, con recursos de Nación y Provincia. Allí vamos a hacer un abordaje integral junto a áreas de deporte, educación y salud mental. Pero salud mental no como el modelo médico de consultorio, sino salud mental en el acompañamiento de la integración social. Eso va a ser un adelanto interesante. Creo que lo ideal se está cumpliendo en Mendoza. Actualmente se interna sólo en casos extremos. En este momento yo creo que una de las cosas importantes que estamos proponiendo en el nuevo proyecto de ley es crear una Dirección de Internación. Esto nos va a garantizar que nosotros nos hagamos cargo un año después de internado el pibe, cosa de no largarlo a la calle de primera. Además de tener un presupuesto para ir ubicándolo.
¿En qué casos se plantea como necesaria la internación?
Tenemos ochenta y un adolescentes internados sobre una población de un millón ochocientos mil habitantes. Aquí llegan de San Rafael, Malargüe y de toda la Provincia. Lo óptimo es fortalecer las unidades de medidas alternativas no privativas de libertad. De allí todo este proyecto que estamos planteando. La internación poco puede solucionar, porque uno lo saca al chico de su contexto. El problema es que hay delitos graves. De los ochenta y un chicos que tenemos internados, treinta y dos han cometido homicidios. Son transgresiones graves para ellos y para los demás. Por esa razón no pueden estar en medidas alternativas, porque tienen trastornos de salud mental severos. Pero surge que la internación de alguna manera lo priva al chico de muchas cosas, entre ellas la droga. Hay muchos que yo creo que son consumidores excesivos, y llegan a un estado de desesperación cuando están adentro. En febrero de este año (2017) se suicidó un muchacho, se colgó. Era un chico poliadicto. Estábamos tramitando su internación en un centro para adictos, pero antes decidió terminar con su vida. Después de él hay ocho que han hecho el intento. Son casos psiquiátricos. Uno los lleva al Hospital Pereyra, los tienen un día y les bajan el nivel.
Y en este contexto, ¿cómo deberían articularse las intervenciones?
Lo ideal es unir salud mental, deportes, y educación para hacer una interministerial. Ese es el proyecto a futuro. Porque al chico no hay que abordarlo por pedazos, sino entero. Adentro la escuela funciona bien. Tenemos primario, secundario y un CCT (Centro de Capacitación para el Trabajo). Hay un CENS (Centro Educativo de Nivel Secundario), un CEBJA (Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos) y capacitación laboral. También tenemos talleres y actividades de educación física. El tema es que en el verano se termina la DGE (Dirección General de Escuelas) y tienen tres meses de vacaciones. ¿Y cómo llenamos el tiempo? Por eso recientemente nos reunimos con el subsecretario de Deportes para ver cómo ellos nos llenan un poco el espacio, por ejemplo. Se está armando un equipo de rugby en Maipú con los chicos que son de la Unidad de Medidas Alternativas. Entonces deportes va apoyando y de alguna manera es nuestra gente la que va haciendo el tratamiento. Entonces los unen a los clubes y vamos rompiendo esa barrera social que hace que “el rugby sea un deporte de caretas”, como dicen ellos. Eso ahora está pasando y el rugby está empezando a ser algo que a ellos les gusta. Por otra parte, la idea es transformar esto en un politécnico con oficios. Ya que los tenemos encerrados, entonces que les sirva de algo.
¿Qué aspectos resaltaría de la iniciativa de reforma del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil impulsada por el Gobierno provincial?
En este momento hay un proyecto de ley que ha sido elaborado, pero no ha sido presentado porque aún está en proceso de discusión. Una de las cosas más importantes es la prevención. Otra es la creación de un centro de admisión y derivación, denominado CAD. Esto en cierta medida es una propuesta que el gobierno Nacional está haciendo en varias provincias: se minimiza el papel de las comisarías de menores y se asume ese papel desde el Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Con el CAD la policía haría sólo la identificación del chico y luego directamente nos haríamos cargo nosotros. Creo que eso es de avanzada. Entiendo que es lo que está haciendo Nación a partir de Capital Federal desde hace cuatro o cinco años. Y el tercer punto, que está trayendo muchos conflictos, es qué se hace con los no punibles.
¿Cuál es su posición con respecto a este tema?
Actualmente los niños no punibles quedan a disposición de la DINAF (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia), La Dirección de Promoción y Protección de Derechos y el CAME (Centro de Adolescentes con Medias de Excepción), para chicos no punibles. Por experiencia yo veo que esos chicos están ahí esperando a que cumplan los dieciséis años para pasarlos a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Y esta es la realidad: todos pasan. En la historia ha habido varios intentos de que el área de Responsabilidad Penal Juvenil se haga cargo de los no punibles. Lo que yo creo es que desde esa área efectivamente tendríamos que hacernos cargo, pero no como Responsabilidad Penal, sino con proyectos de medidas alternativas, con programas. Aquí se plantea un tema: ¿Se les podrá hacer juicio a esos chicos, por lo menos para aclarar su situación? Creo que de alguna manera hay que aclarar cuestiones como quién colaboró en el hecho, quién lo mandó, quién contribuye, quién compra ese tipo de cosas. Pero hay una gran oposición de los grupos de derechos humanos y de las mismas Naciones Unidas, que sostienen que el chico no debe ser sometido a proceso porque no es imputable. La idea del gobierno Nacional al respecto es un proceso sin castigo, aclaratorio, orientado a buscar medidas. Ese es el punto urticante.
Un punto directamente relacionado con la baja en la edad de imputabilidad…
Bajar la edad de imputabilidad no es la solución, pero hay que tomar medidas. De alguna manera el chico que cometió un delito tiene que estar a disposición para poder hacer un tratamiento. Por ahora se lo entrega a la abuela o se busca a alguien cercano, como cualquier situación de vulnerabilidad. Yo creo que tendría que haber una especie de Unidad de Medidas Alternativas como la que tenemos para mayores de dieciséis. ¿Qué están haciendo otros países en este tema? En América Latina los dos únicos países que tienen edades de imputabilidad a partir de los dieciséis años son Argentina y Cuba. Tenemos países extremos como Trinidad y Tobago que están en los siete años, Venezuela en los doce, Uruguay en los trece. Chile y el resto de América Latina están en los catorce. Hace poco estuve en Colombia y visité los lugares que tienen destinados para inimputables. Los tienen en granjas, como los antiguos internados de los colegios de curas: no están presos, pero no pueden salir. Es como la libertad protegida. Nosotros aquí tenemos para los imputables la residencia del Barrio los Toneles, en Godoy Cruz. Allí el pibe está en libertad, va a trabajar, todo. Pero después de las diez de la noche no puede salir ni recibir amigos. O sea, el chico que ha cometido un delito está con una medida de control, pero en libertad. Eso quiere decir que se puede ir cuando quiera, pero nosotros le estamos dando el derecho a la vivienda, porque no tiene padres, no tiene nada. El juez me los manda y me dice: «Hágase cargo, pero no lo interne». ¿Qué he hecho yo? Abrir una residencia con capacidad para diez chicos. Queremos abrir otra en Guaymallén y empezar a hacer lo mismo en toda la Provincia, o sea crear un sistema al estilo norteamericano.
Por Javier Avila | Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia | 23 de abril de 2018
Excelente los proyectos para los niños que necesitan amor, compromiso y contencion, si entre todos unimos nuestro esfuerzo el futuro para estos adolescentes sera beneficioso y alentador. Lo importante es proyectar todas estas propuestas en forma inminente sin dejar pasar mayor tiempo del que ellos necesitan » luchemos por su salud, por su ducación y por viviendas dignas para los más vulnerables de este mundo»