Un proyecto del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología (UDA) se propone reconstruir las trayectorias de vida de jóvenes que, hace una década, atravesaron medidas alternativas a la privación de la libertad. “Las medidas alternativas funcionan, aunque casi nadie hable de ellas”, sostiene la Lic. Cecilia Vera, directora de la investigación y especialista en adolescencia y sistema penal juvenil.
Cuando se habla de adolescentes en conflicto con la ley, la discusión pública suele concentrarse en la cárcel, el endurecimiento de las penas o la baja de la edad de punibilidad. Sin embargo, existe otra realidad mucho menos visible: las medidas alternativas a la privación de la libertad, una herramienta que concentra la enorme mayoría de las intervenciones del sistema penal juvenil en Mendoza.
Sobre ese universo trabaja desde hace años la investigadora y coordinadora de la carrera de Niñez, Adolescencia y Familia Cecilia Vera, quien acaba de poner en marcha un proyecto que buscará seguir las trayectorias de jóvenes que atravesaron estos dispositivos hace diez años.
El origen de la investigación
La historia del proyecto comenzó hace más de una década, cuando un equipo de profesionales de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil relevó a los 360 adolescentes que durante 2015 atravesaron medidas alternativas a la privación de la libertad en el Gran Mendoza y Lavalle.
Lo que inicialmente fue una base de trabajo terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en el punto de partida de una investigación inédita sobre las trayectorias de vida de esos jóvenes.
El proyecto tuvo un giro inesperado en 2020. En plena pandemia, cuando las restricciones impedían realizar trabajo territorial, el equipo decidió retomar aquella muestra y cruzarla con los registros del sistema penitenciario provincial para conocer qué había ocurrido con esos adolescentes cinco años después.
Los resultados sorprendieron incluso a quienes trabajan habitualmente en el sistema penal juvenil. Según recuerda Paula Cecilia Vera, el análisis mostró que solo el 13% de esos jóvenes había ingresado alguna vez a una unidad penitenciaria durante los cinco años posteriores a su paso por medidas alternativas. Ese hallazgo abrió una nueva serie de interrogantes y dio origen a la investigación actual.
Ahora, diez años después de la intervención original, el equipo buscará volver a contactar a aquellos jóvenes, hoy ya adultos, para reconstruir sus trayectorias de vida. La propuesta utilizará una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad y comenzará en la Ciudad de Mendoza, donde existen mayores posibilidades de acceso territorial y seguimiento de los casos.
El objetivo es comprender qué ocurrió con sus vidas más allá de los indicadores estadísticos, cómo incidieron las intervenciones estatales en sus recorridos vitales, qué papel desempeñaron las medidas alternativas en la protección de derechos y cuál fue el lugar del Estado en sus procesos de integración social.
“Es una verdadera incógnita. No sabemos qué nos vamos a encontrar”, admite Vera. “La idea es reconstruir historias diversas y entender qué pasó en estos diez años”.
La política más utilizada y menos visible
La especialista sostiene que las medidas alternativas ocupan un lugar central dentro del sistema penal juvenil, aunque pocas veces sean visibles para la opinión pública.
“Creo que una parte de su éxito tiene que ver justamente con que son bastante invisibles”, afirma.
Lejos de considerar esto una debilidad, entiende que la baja exposición pública puede convertirse en una ventaja. Según explica, cuando un joven ya fue identificado por el sistema penal, evitar nuevos procesos de estigmatización puede resultar clave para favorecer su integración social.
“Mientras menos escándalo genera y menos ruido hace, más viable es trabajar la protección de derechos y la construcción de ciudadanía”, sostiene. “Mezclarse, pasar desapercibido, es muchas veces lo que alguien necesita después de haber sido seleccionado por el sistema penal”.
La paradoja es que, aunque reciben poca atención mediática, las medidas alternativas concentran más del 95% de los casos penales juveniles en Mendoza. Ese dato muestra que la privación de la libertad sigue siendo una medida excepcional dentro del sistema provincial.
“No es la estrella porque es invisible, pero es donde está la enorme mayoría de los casos”, resume.
“Las medidas alternativas funcionan, aunque casi nadie hable de ellas”
Licenciada Paula Cecilia Vera, directora del proyecto de investigación.
Más allá de las estadísticas
Para Vera, uno de los principales aportes que puede realizar la investigación es producir evidencia sobre una política pública que considera efectiva y poco estudiada.
“Es una política que funciona. Funciona con pocos recursos, cuesta mucho menos que una plaza carcelaria y muestra resultados tanto en el mediano como en el largo plazo”, afirma.
La falta de estudios de seguimiento sobre trayectorias individuales es, precisamente, uno de los vacíos que el proyecto intenta cubrir. Existen estadísticas administrativas y registros institucionales, pero escasean investigaciones que permitan comprender qué sucede con las personas una vez que abandonan el sistema.
Investigar para mejorar las políticas públicas
La investigación también representa una oportunidad para reflexionar sobre las propias prácticas estatales. Después de más de veinte años de trabajo en el área, Vera considera que los organismos públicos necesitan generar más espacios de evaluación y análisis crítico de sus intervenciones.
“Hacen falta espacios de reflexión sobre la práctica”, señala.
Por eso valora especialmente el vínculo con la universidad y con las nuevas generaciones de estudiantes e investigadores.
“Me gusta trabajar con profesionales jóvenes porque tienen la pregunta en la punta de la lengua. Te obligan a volver a preguntarte cosas que quizás habías dejado de cuestionar”.
Y esa, quizás, sea una de las principales apuestas del proyecto: volver a formular preguntas sobre una política pública que, aunque poco visible, forma parte de la vida cotidiana de cientos de adolescentes y jóvenes mendocinos.
(*) Paula Cecilia Vera, Licenciada en Minoridad y Familia. Especialista en Criminología, UNQuilmes. Coordinadora del Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia desde hace dos años. Además, se desempeña profesionalmente en Medidas Alternativas desde hace veinte años.
Por Javier Avila | ONAF | 10 de junio de 2026
Nota de redacción: Esta nota fue editada con asistencia de inteligencia artificial (ChatGPT, OpenAI), bajo supervisión y revisión del autor.
