El gobierno nacional impulsa un proyecto para permitir que adolescentes de 14 años puedan ser juzgados penalmente. La iniciativa reavivó un debate que persiste desde hace años. ¿Es bajar la edad de imputabilidad la solución a la inseguridad? Presentamos estadísticas oficiales y opiniones de voces políticas, académicas y religiosas. ¿Qué dicen los datos?
La edad de imputabilidad es el límite a partir del cual los y las adolescentes pueden ser juzgados y privados de libertad. En la Argentina, actualmente se establece en los 16 años. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei presentó un proyecto para reducirla a 13 años. La iniciativa fue enviada al Congreso de la Nación el 28 de junio de 2024 y se encuentra en tratamiento parlamentario.
“Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria y darle respuesta a la gente”, expresó el Gobierno Nacional en un comunicado oficial.
Desde ese momento, comenzaron a debatirse distintos puntos de vista. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires expresó su rechazo al proyecto por cuatro razones. En primer lugar, afirmaron que “cualquier proyecto que proponga la baja de la edad de punibilidad es inconstitucional, ya que viola el principio de no regresividad en materia de derechos humanos (no se puede retroceder sobre derechos ya adquiridos)”.
También señalaron que la propuesta resulta ineficaz frente al problema de la inseguridad, dado que los delitos cometidos por adolescentes son estadísticamente muy bajos. Según un informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, de los 175 homicidios registrados en 2015, solo uno fue cometido por un menor de 16 años, y 10 fueron atribuidos a jóvenes entre 16 y 18 años, lo que representa apenas el 3,8 % del total.
A su vez, datos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires muestran que en 2015 se iniciaron 26.798 causas contra menores de 18 años, de las cuales solo 126 correspondieron a homicidios dolosos, es decir, menos del 0,5 % del total.
Desde este enfoque, se advierte que bajar la edad de punibilidad no resuelve la relación de los adolescentes con el delito, sino que tiende a agravarla. En países donde se aplicaron políticas de endurecimiento penal contra adolescentes, se observó una profesionalización del delito y un aumento de su organización. Las experiencias internacionales indican que esta estrategia no es efectiva en la lucha contra la inseguridad.
Además, se señaló que en Argentina no existen actualmente penas alternativas al encierro para adolescentes en conflicto con la ley penal. Esta situación ha generado sanciones internacionales al país, dado que es firmante de tratados de derechos humanos que promueven medidas socioeducativas, de reparación o trabajo comunitario por sobre el castigo carcelario. En este sentido, se remarcó la necesidad de contar con un sistema de justicia especializado, con un enfoque de reinserción social que ofrezca oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas, en línea con los estándares internacionales.
Un debate vigente desde hace muchos años: En el 159° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizó en Panamá en 2016, se abordaban temas relacionados con la justicia juvenil en Argentina.
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El Observatorio consultó al diputado nacional Julio Cobos (UCR), quien sostuvo una postura intermedia. “La muerte de la pequeña Kim Gómez, de apenas siete años, causada por adolescentes, deja un daño irreparable en su familia. No hay palabras que cicatricen la herida de tanta injusticia. Su caso vuelve a poner en discusión la necesidad de un nuevo régimen penal juvenil que contemple la baja de la edad de imputabilidad. Evaluemos las experiencias de los países de la región que ya lo han hecho y avancemos”, expresó.
En esa línea, Cobos añadió: “Esta es una medida punitiva, pero también necesitamos medidas preventivas. Un chico de 12 o 13 años debe estar en la escuela, no en la cárcel. Basta de mirar para otro lado con la obligatoriedad escolar, que hoy no se cumple. La educación es responsabilidad del Estado, de los padres y de los alumnos. Con el servicio militar obligatorio, si no te presentabas, te iban a buscar. Debemos encontrar un mecanismo similar para garantizar la educación”.
El diputado también destacó: “Dimos un paso importante con la Cédula Escolar Nacional, para hacer un seguimiento diario de la asistencia escolar. Esta ley, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, no fue reglamentada. Alerté al gobierno de Alberto Fernández, sin respuestas, y también al actual subsecretario de Educación. Otro proyecto que solo obtuvo media sanción fue el Servicio Cívico Voluntario, basado en una experiencia exitosa en Mendoza, que proponía usar instalaciones de las Fuerzas Armadas para brindar terminalidad educativa y capacitación en oficios. Deberíamos retomarlo y aplicarlo a nivel nacional”.
Finalmente, propuso: “El Poder Ejecutivo y el Legislativo debemos abordar la deserción escolar. Bajemos la edad de imputabilidad, pero también hagamos cumplir la obligatoriedad escolar. Saquemos a los chicos de la calle y pongámoslos en la escuela. Les haremos un bien a ellos, a sus familias y a la sociedad”.
“La solución no pasa por bajar la edad de imputabilidad, sino por asumir cambios profundos que atiendan las causas de esta realidad que nos interpela”
Por su parte, en los últimos días la Iglesia Católica también se expresó sobre el tema. “La solución no pasa por bajar la edad de imputabilidad, sino por asumir cambios profundos que atiendan las causas de esta realidad que nos interpela”, señalaron desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social, presidida por monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja.
Bajo el lema “Más oportunidades que penas”, el comunicado indica que “desde hace muchos años, la sociedad argentina padece las consecuencias de políticas públicas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo inclusiva, que permita a todas las familias vivir con dignidad y alcanzar un desarrollo humano integral. Esto ha generado múltiples problemas, entre ellos la inseguridad y la delincuencia juvenil”.
La Iglesia expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia, incluso en aquellos casos donde los delitos fueron cometidos por adolescentes no punibles, “en ocasiones con violencia extrema que deja heridas difíciles de cerrar”. Sin embargo, cuestionaron: “Ante estas situaciones dolorosas, se fortalecen propuestas que ponen el foco en los menores como si fueran los principales responsables de los delitos”.
Finalmente, la Comisión Episcopal citó datos del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad de la Nación, que revelan que “los menores no son quienes más delitos cometen” y que “los jóvenes inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”. Por ejemplo, en los robos de automotores, los adolescentes de 15 años representaron el 4,74 % de los inculpados en 2023, mientras que los de 16 y 17 años sumaron un 8,75 %. En los homicidios dolosos, las personas menores de 14 años fueron el 0,64 % y aquellas entre 15 y 19 años, el 13,12 %.
Por Laura Fiochetta | ONAF | 10 de abril de 2025
