Así lo afirmó Javier Cuercio, economista, especialista en inversión social en infancias y consultor de UNICEF. En diálogo con el Observatorio, también sostuvo: «En estos tiempos de escasez fiscal, de crisis económica, es importante que el Estado sostenga la inversión social en general y especialmente en las infancias». Además, acceso al informe «Inversión Social en primera infancia, niñez y adolescencia en Argentina 2001-2021», publicado en mayo por el Ministerio de Economía de la Nación en colaboración con UNICEF.
En medio de la crisis económica, ¿la inversión social en las infancias se ve afectada?
En estos tiempos de escasez fiscal, de crisis económica, es importante que el Estado sostenga la
inversión social en general y especialmente en las infancias. Lo que generalmente ocurre es que en
estos momentos de crisis se ajusta la inversión social. Por eso, por el contrario, es importante
organizar la respuesta del Estado, es decir que cuando hay crisis se pueda contar con los recursos
para invertirlos socialmente y en las infancias en particular. Pero generalmente la tendencia es al
revés, el Estado entra en crisis, y recorta la inversión social. Por lo tanto,lo que debería darse es
que no se refuerce el ciclo, sino que cuando el país esté en crisis, la inversión sea mayor y no haya
ajustes. Pero para eso se necesita previsión.
«La inversión social en infancia es un tema que está en debate en el presupuesto nacional y hay que empezar a poner más el foco en ella, hay que ponerla en agenda«
Javier Cuercio. Economista, especialista en inversión social en infancias y consultor de UNICEF. Foto: el Auditor
¿Esta situación se repite en Latinoamérica?
El debate es global y Latinoamérica ocupa un lugar relevante en ese sentido porque los desafíos no
están resueltos. Hay acuerdos generales, entre ellos el artículo cuarto de la Convención de los
Derechos del niño. Ese artículo dispone que los Estados deben disponer de los máximos recursos disponibles para garantizar todos los derechos de los niños y las niñas, desde la alimentación, el abrigo, la vivienda, protección social y salud. En Argentina, la Convención de los Derechos del Niño tiene rango
constitucional. Sin embargo, en la redacción hay una ambigüedad porque no es posible precisar
cuánto es el máximo posible y se da la discusión sobre qué parámetros hay que tener en cuenta
para determinarlo. En ese sentido, en 2016 se generó un movimiento grande para precisar este Artículo 4, que se llamó Observación General 19. La Observación General identifica las obligaciones de los Estados de garantizar gasto público suficiente, eficaz, eficiente y equitativo para respetar, promover, proteger y cumplir la Convención y los protocolos facultativos. Más específicamente, la garantía del gasto público para hacer realidad los derechos de niños y niñas, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad.
¿Esto generó parámetros?
A partir de ahí se ha ido avanzando en estándares, pero sigue habiendo diferencias entre países. En
el caso de Argentina, la Ley de Niñez 26.061 establece que los recursos que se destinan a la
infancia nunca pueden ser inferiores a los asignados en el período anterior. También en ese caso
faltan precisiones porque no se entiende si es en términos nominales, o en qué sentido y entonces
hay una discusión sobre la interpretación. Pero lo que hay que destacar que se ha avanzado sobre
una pauta general, restan las precisiones y en la implementación efectiva. Hay recortes presupuestarios, ajustes, hay pataleos al respecto, reclamos, pero no ocurre nada que genere que se revierta.
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¿Qué papel juega la Educación como parte de la inversión social?
Por otro lado, podemos hablar de inversión en distintos aspectos vinculados a la infancia, como la
educación. En 1994, con la Ley Federal de Educación, se reconoció que la inversión en el rubro era,
en promedio, de 4% del PBI y se estableció el deber de incrementar ese índice hasta llegar en el año 2000 al 6%, que es un estándar internacional de referencia. Entre 2006 y 2010, hubo un aumento significativo de la inversión en educación. Pero el tema de la descentralización de la educación y de otros temas quedan librados a la voluntad política de las provincias y a las diferencias regionales.
¿Esta situación genera muchas veces desigualdades?
En ese sentido, el gasto por niño puede ser cinco veces más alta en una provincia de una región
que en otra, como también la mortalidad infantil. Por ejemplo, en una provincia del Norte
argentino suele ser más alta que en una del centro o de la Patagonia. Lo mismo se da en otros
aspectos como el acceso a la vivienda digna. Son desigualdades en las que el Gobierno nacional
debería tener un rol que no juega.
El informe «Inversión Social en primera infancia, niñez y adolescencia en Argentina 2001-2021» – Ministerio de Economía de la Nación en colaboración con UNICEF- fue elaborado bajo la coordinación técnica de Javier Curcio y Julia Frenkel. Su objetivo es actualizar la estimación del gasto público social dirigido a niñez y la adolescencia realizado por el Estado Argentino y analizar su evolución para el período 2001-2021. En el documento se incluyen datos para el sector público consolidado, el cual contempla al gobierno nacional y los gobiernos provinciales y para cada nivel de gobierno por separado, discriminando el efecto financiador-ejecutor. Haz clic aquí para descargar el documento completo
¿Cómo ha sido la situación de inversión social en los últimos años en Argentina?
Hasta 2017, es decir los dos primeros años de Cambiemos, se mantuvo el tamaño del Estado. Esto
quiere decir que se mantuvo la presencia del Estado en distintos ámbitos. En 2018 hay un
derrumbe de esta situación, la cual tiene recién un repunte en 2020 con la pandemia y se mantiene
en 2021. Luego, tiene su caída en 2022 y 2023 vinculada a la crisis y a la inflación donde el gran
desafío es revertir esta tendencia. Esto se puede ver en un deterioro de la protección social y
entre otros puntos, en educación. Se nota en la deserción escolar pero también en la calidad
educativa, en la que Argentina viene cayendo en comprensión lectora. Esto tiene relación directa con
la inversión ya que el 90% del presupuesto se va en salarios. Pero hay una caída del salario real y
esto implica profesores mal pagos y esto afecta directamente a la calidad educativa. Por otro lado,
existe la necesidad de invertir en nuevas tecnologías y en equipamientos.
¿Hay algún estado municipal o provincial en Argentina que sea un ejemplo de inversión social?
En cuanto a favorecer a la transparencia, más presupuestos participativos y mayor seguimiento
fiscal hay provincias que son más prolijas como Mendoza, Córdoba, Salta, Santa Fe, Tucumán- que tiene un observatorio-, CABA y Entre Ríos. Después hay otro tema que no necesariamente tiene
correlación con esto, que es cómo invierten y, por otro lado, es necesario avanzar a nivel federal
generando estándares de información.
¿En las campañas electorales se debate sobre inversión social?
Creo que durante las campañas provinciales no se han dado estos debates, porque han estado
más centrados en ver si las elecciones eran simultáneas o no con la Nación. En la campaña
nacional tampoco, se han dado debates vagos, panfletarios. De todas maneras, la inversión social
en infancia es un tema que está en debate en el presupuesto nacional y hay que empezar a poner
más el foco en ella y ponerla en agenda.
Por Laura Fiochetta | 28 de agosto de 2023
