Abogada, docente y Magister en Criminología. Claudia Cesaroni es fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y referente de la red de organizaciones Argentina No Baja, creada en 2017. En mayo visitó Mendoza para brindar una serie de charlas en la Universidad Nacional de Cuyo y en el Espacio para la Memoria. En diálogo con el Observatorio se refirió al sistema penal juvenil, a las modificaciones del marco legal impulsadas por el Gobierno nacional y a la situación de Mendoza. “Bajar la edad significa incorporar a una importante franja de niños que hoy en día están por fuera del sistema penal a dicho sistema”, afirmó.
¿Qué sabemos de los adolescentes en conflicto con la Ley penal en Argentina?
Prefiero no hablar de «adolescentes en conflicto con la ley penal», porque cuando hablamos de adultos no hablamos de “adultos en conflicto con la ley”, hablamos de adultos que cometen delitos o que son acusados de cometer un delito. En una investigación de UNICEF y la SENAF en la que participé como consultora los definimos como “trasgresores” o “presuntos trasgresores” de la ley, porque es de eso de lo que estamos hablando: de la transgresión de una ley, no de un conflicto, lo cual parece del orden psicológico.
En relación con la pregunta, la última investigación profunda y seria la realizaron UNICEF y la SENAF en 2015. El número de adolescentes que están en esta situación no es muy alto. A nivel de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sabemos que el 4% del total de investigaciones sobre delitos en un año corresponden a personas menores de dieciocho años. No tenemos un problema de delito adolescente, tal como muchas veces nos quieren hacer creer algunos políticos o algunos medios de comunicación con el objetivo de bajar la edad de punibilidad.
La verdad es que no existe ese problema, por lo menos con delitos graves. Lo que sí existe -y aquí yo por lo menos prefiero dar vueltas las cosas- es un altísimo incumplimiento del Estado con todas las obligaciones que tiene con niños, niñas y adolescentes en cuanto a salud, educación, vivienda, buen trato, etcétera. Muchas veces pareciera que miramos a los adolescentes cuando cometen algún delito y no antes, cuando el Estado está incumpliendo sus obligaciones.
Lo otro que sabemos es que la ley que regula la situación de Niños, Niñas y Adolescentes que están vinculados al sistema penal es una ley de la dictadura; una Ley del año 1980.
En este sentido, ¿Cuáles son las modificaciones normativas que se están discutiendo a nivel nacional?
El Gobierno nacional ha propuesto una modificación en enero del 2017, a partir de un hecho muy grave y triste: el asesinato de Brian Aguinaco, un niño de catorce años. Digo que fue a partir de este hecho porque el Gobierno nacional pretendió involucrar como responsable a otro adolescente de quince años. Después finalmente se descubrió que no tenía nada que ver, que no era el autor del hecho. Pero a partir de esa vinculación falsa se propuso la modificación del marco legal actual y la creación de un nuevo régimen penal juvenil.
Esta modificación fue consultada con una cantidad de organizaciones vinculadas a la infancia, inclusive UNICEF Argentina. La respuesta fue en un 80% negativa. Se consultaron cuarenta organizaciones y treinta y dos manifestaron que estaban en contra. Sin embargo, el gobierno nacional insiste con esta propuesta. La está difundiendo entre las organizaciones y los gobiernos provinciales. Se insiste en la baja de edad de punibilidad. Por eso, además de integrar el CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos), en enero del año pasado fundamos una red que se llama Argentina No Baja. También existen otras redes que se oponen a la baja de edad de punibilidad.
¿Qué puntos de los proyectos actuales serían los más importantes?
Para nosotros el más importante es justamente la baja de edad, porque eso significa incorporar a una importante franja de niños que hoy en día están por fuera del sistema penal a este sistema.
Además de eso, todos los proyectos tienen cuestiones interesantes, como incorporar medidas reparatorias y justicia restaurativa. También están, por ejemplo, el tema de la mediación penal, la remisión de casos, la posibilidad de analizar si hay otros modos no punitivos para resolver el conflicto, dependiendo tanto de la persona que cometió el delito como del tipo de delito cometido.
Otro aspecto muy importante es el monto de pena. En la propuesta del gobierno es altísimo, porque habla de quince años, lo cual es muy elevado para delitos graves. Nosotros sabemos que el sistema penal no resuelve los problemas, no evita nuevos delitos, sólo provoca daño en las personas. Condenar a quince años viola todos los principios que tienen que ver con el modo de abordar las problemáticas adolescentes, que no debería ser el castigo.
Entonces, la respuesta a la participación del adolescente en un delito no debería ser el castigo o más años de cárcel. El Estado debería responder en términos de proyecto de vida, con múltiples programas, posibilitando que ese pibe o esa piba pueda correrse de las prácticas o las acciones que provocan daños a otras personas y a él mismo.
Acá insisto en que hace falta destinar recursos y dinero. Y el dinero que quieren destinar a políticas punitivas habría que destinarlo a política social. Esto es exactamente igual en todas las políticas públicas del Gobierno nacional, es claro que se retira dinero de políticas sociales para construir más cárceles, poner más policías, más gendarmería y más descarga punitiva sobre la sociedad.
Respecto a esto último, en tu charla en el Espacio para la Memoria hablaste de nuevas escalas penales …
Si. Como suele hacer en todas sus políticas, el Gobierno esconde el verdadero contenido de su propuesta, y en lugar de hablar de bajar la edad de punibilidad habla de “nuevas escalas penales”. Pero la nueva escala penal es de catorce y quince años. El planteo es que para los delitos muy graves a los catorce sean punibles, con una pena de hasta quince años.
Tu intensa actividad en el CEPOC y en la Red Argentina No Baja seguramente te permite interactuar con personas y organizaciones de todo el país ¿Cómo ves la situación en Mendoza?
Vengo de tres semanas de estar en Tucumán y Córdoba. De Mendoza siempre vuelvo recargada de emoción por ver la cantidad de gente que hay en cada lugar movilizándose, haciendo cosas que uno no conoce, muy creativas y de mucho compromiso. También veo cuestiones que no son nuevas para mí, porque por mi trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos empecé a venir a Mendoza desde 2004. Me refiero a la misma preocupación por la política de mano dura punitivita que despliega el Gobierno provincial.
Estuve en la cárcel de Cacheuta -Almafuerte- con el padre Roberto Juárez, que es capellán de esa unidad. Allí se está creando una especie de ciudad penitenciaria en medio de la nada, en ese lugar precioso pero horrible en términos de lugar para llevar a las personas privadas de la libertad. Porque justamente es un lugar de difícil acceso para las visitas familiares. En realidad, es un lugar de difícil acceso para cualquiera. Yo cuento una anécdota: fui a Almafuerte con el padre Juárez, y para regresar a Ciudad el director de la unidad tuvo que ponerme a disposición su camioneta, porque sino no tenía en qué volver. Eso fue una deferencia que agradecí, pero lo que quiero decir es que una persona que quiere ir a visitar a un detenido no tiene auto ni movilidad, depende de un micro que va a las ocho de la mañana y vuelve a las cinco de la tarde. Si los presos quieren hacer algún tipo de reclamo nadie los escucha, porque están en el medio de la nada.
Además, otras políticas que me contaron que están es proceso de discusión son las de los cuidacoches y la construcción de esa especie ciudad para adolescentes que será el CAIPA (Centro de Abordaje Integral en Problemática de Adolescencia). Hay varias decisiones que con todo respeto yo no voy a criticar, simplemente tiene que ver con los temas que trato. Me parece que siempre el error es tratar de separar a los «despreciables» en lugar de tratar de integrarlos.
Finalmente, ¿Podrías comentarnos cómo surgió y cómo funciona la red Argentina No Baja?
La red Argentina No Baja fue un impulso de un grupo de personas que empezamos a comunicarnos en enero 2017. Estábamos muy preocupados por cómo se quiso instalar la cuestión de la baja y entonces nos unimos. En dos o tres días armamos una propuesta y nos juntamos en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad de Buenas Aires. Éramos cincuenta personas el 11 de enero, en plenas vacaciones de verano. De la misma manera y con la misma inquietud se organizaron otras redes.
En febrero generamos una convocatoria nacional, con algunos documentos básicos de acuerdo, porque somos organizaciones que obviamente no estamos de acuerdo en todo. Pero el punto de acuerdo básico es oponernos a la baja de edad de punibilidad y denunciar la violencia estatal sobre Niños, Niñas y Adolescentes. Armamos las cuestiones básicas de comunicación: una cuenta de Twitter, Facebook y WhatsApp,. También definimos una determinada presentación gráfica, que es la misma que la campaña en Uruguay, a quienes también agradecemos. Después nos dedicamos a recorrer el país para ayudar a que se construyeran nodos de la red.
Algunos de esos nodos están funcionando autónomamente, realizando actividades. El año pasado estuvimos recorriendo bastante el conurbano bonaerense, el sur y el noroeste del país. Lo importante es que se difundan y organicen actividades con o sin el logo de la red Argentina No Baja, que se difundan sus posiciones y propuestas, sobre todo cuando aparecen en debate estas cuestiones. Existe una enorme preocupación ante los permanentes casos de violencia estatal. El 27 de mayo hubo un episodio terrible con la gente de la Garganta Poderosa en la ciudad de Buenos Aires. En estos días se cumplieron seis meses del asesinato de Rafael Nahuel sin resolución judicial todavía…
deseo comunicarme conla dra. Claudia Cesaroni