Funcionan en barrios populares y zonas rurales de Mendoza. Cumplen un rol fundamental en el acceso a derechos. Estiman que desde 2016 el Gobierno provincial generó la baja de más de trece SEOS gestionados por organizaciones sociales. Tristeza y abrazos en el último día del CAE «Risas de mi tierra» de Maipú. Entrevistamos a Marcelo Venier, representante ante la justicia de las familias del recientemente cerrado Jardín Evita.
En marzo la Dirección General de Escuelas comunicó que el SEOS (Servicio Educativo de Origen Social) conocido como Jardín Evita, cerraría sus puertas. Cuarenta y ocho niños y niñas se quedaron sin jardín, y con esa decisión sus familias debieron salir a buscar otras alternativas de cuidado, en su mayoría pagas.
Los Servicios Educativos de Origen Social (SEOS) funcionan en Mendoza desde 1988. Incluyen jardines maternales, salas de 4 y 5 años, bachilleratos y centros de actividades educativas (CAE). Se trata de proyectos basados en la perspectiva de la educación de gestión social, con enfoques pedagógicos alterativos que involucran aspectos vinculados al arte y la recreación. Muchos incluyen servicios de alimentación y salud. En Mendoza funcionan aproximadamente 300.
El proceso de cierre de SEOS tomó relevancia en los medios de comunicación con la clausura del histórico Jardín Evita, pero existen otros casos: según fuentes consultadas, desde 2016 el Gobierno provincial ha generado la baja de más de trece centros de este tipo, entre ellos el Jardín La tribu inquieta de Guaymallén, el Jardín Ayün de Alvear y el Jardín Obrero rural, en Maipú.
Los cierres se efectúan mayormente en espacios educativos gestionados por organizaciones sociales. La DGE (Dirección General de Escuelas) retira los subsidios docentes que posibilitan su funcionamiento y los SEOS se ven obligados a cerrar sus puertas.
«La provincia tiene un fondo que gira a estas organizaciones para la atención de la primera infancia», declaraba en abril el Director General de Escuelas, José Thomas, en una radio de Mendoza. «Para que los SEOS estén en funcionamiento existe una normativa, si esa disposición no se cumple, nosotros no podemos continuar con ese aporte. Sobre todo cuando el fin es la atención de la primera infancia».
También dijo que «hay muchos jardines privados y esto es solo para la sociedad más vulnerable. Entonces también hay que ver qué pasa con los fondos que son destinados para una cosa y se llevan a otra. El Estado tiene la obligación de administrarlos».
En la misma época, al ser consultada por un medio local, Ester Linco Lorca del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) afirmaba: “Estos lugares están administrados por entidades intermedias, fundaciones o uniones vecinales, que carecen de todos los recursos necesarios para una correcta administración. El Estado solamente aporta los trabajadores docentes y el resto queda en manos de las entidades que en vez de ayudarlas a solucionar los problemas se decide el cierre”.
Ante el avance de medidas similares a la tomada con el Jardín Evita, a mediados de julio distintos/as referentes de otros espacios educativos de gestión social se concentraran en la explanada de Casa de Gobierno para exigir la restitución de subsidios:
«Sentimos que la voluntad está muy clara desde su perspectiva política, que es una amenaza a los espacios educativos sostenidos por las organizaciones sociales», sostuvo la directora del Bachillerato Violeta Parra en el canal Gira Mundo TV, luego de una reunión con la directora de Educación de Gestión Social y Cooperativa (DEGSyC).
Además, agregó: «Lo que queremos es que se nos ayude; que si tenemos algo en falta, ese no sea el motivo para cerrar estas experiencias que tantas respuestas dan en los barrios en los cuales nos encontramos».
El tema tuvo cierta repercusión en el plano político a partir de que el diputado provincial José Luis Ramón -titular de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza- ingresara en Legislatura un pedido de información dirigido al Director General de Escuelas.
«En los últimos meses, la @MzaDGE dispuso, avaló o empujó el cierre de 13 jardines maternales populares, afectando a los hogares más vulnerables de Mendoza. Los SEOS que cerraron, dejan a los chicos sin clases y a más de 100 docentes sin trabajo», publicó Ramón a principios de agosto en la red social Twitter.
Pero los cierres continúan.
El viernes 26 de agosto fue el último día del CAE «Risas de mi tierra», un centro rural de actividades educativas -dependiente de la Asociación Laberinto Sur- que funcionaba en Cruz de Piedra, Maipú. En un clima de despedida y consternación, los cuarenta y cinco niños y niñas que asistían a las actividades y un grupo de padres y madres compartieron un último almuerzo.
«Desde la DGE nos mandaron una resolución en la que nos informaban que nos sacaban tres cargos, a partir de cuatro visitas que hicieron», comentó Cristian Yunes, uno de los educadores del ahora ex CAE. «Fueron visitas estratégicas, en momentos en los que ellos ya sabían -porque se los habíamos comentado- que por situaciones propias de la zona y por la época del año habría menos niños», afirmó.
«Más allá de quedarnos en la calle, sin nuestros trabajos, lo primero que nos preguntamos es qué iba a pasar con todo lo relacionado con los niños y niñas», dijo. Luego agregó: «Si están ajustando, es muy macabro sacar de donde más se necesita, de lugares como los SEOS, que funcionan en ámbitos rurales y zonas vulnerables. En nuestro caso generamos y sostuvimos un espacio durante diez años de trabajo. Pienso que están ajustando por donde es más fácil. Recortaron en las organizaciones sociales sabiendo cuáles eran sus debilidades».
El Jardín Evita, un caso paradigmático
La Fundación Cachypum, que era la encargada de la administración del SEOS Jardín Evita, comunicó que la DGE resolvió clausurar definitivamente el jardín que funcionó durante once años en la Escuela Hogar Eva Perón. Un grupo de madres fue a la Justicia, pero no se espera un final feliz: la inscripción no se abrió para el año próximo.
El abogado Marcelo Venier representa las familias en la Justicia por este hecho. “Presentamos un amparo en abril y el día 22 de agosto la Justicia tomó una decisión salomónica, reconociendo que podrían verse afectados los derechos de los niños y las niñas, pero también rechazando nuestro planteo”, sostuvo el letrado en diálogo con el Observatorio.
La Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil emitió su resolución, pero hoy el SEOS no existe ni se visualiza su apertura en un futuro cercano. “El espacio donde funcionaba el jardín ha sido ocupado por otra unidad de la Escuela Hogar. Pero además, ya no se abrieron las inscripciones para el año próximo”, continuó el abogado.
¿Qué pasó con esos niños y niñas que recién comenzado el año escolar se enteraron de que se les cerraría su espacio? “Algunos/as fueron reubicados, otros/as tuvieron que pagar guardería y hubo también mamás que tuvieron que dejar de trabajar. El SEOS daba educación durante siete horas por día. Una guardería privada cubre cuatro horas y media”, expresó Venier.
La gran mayoría de las familias que pertenecían al SEOS provienen de barrios populares: la Favorita, Flores Sur, Olivares y San Martín. Contaba con salas de uno, dos y tres años por lo que era una alternativa para niños y niñas antes de entrar a la escolaridad obligatoria, es decir, a la salita de cuatro.
Durante los primeros meses tras el cierre del jardín, las madres se organizaron para protestar ante las autoridades educativas. A mediados de abril hubo una manifestación en Casa de Gobierno y algunas mamás representantes del grupo fueron recibidas por parte de funcionarios de la DGE.
En ese encuentro, desde el Gobierno plantearon que no habría marcha atrás con el cierre del
jardín y además que la fundación Cachypum, a cargo, del SEOS, había cometido irregularidades.
Por su parte, la diputada del Frente de Todos Verónica Valverde presentó un pedido de informes sobre el cierre. En la propuesta de la diputada se habla de conocer las acciones desarrolladlas por la Dirección General de Escuelas para garantizar la continuidad del funcionamiento del Jardín en el mismo establecimiento ante su eventual cierre.
«Los padres y madres de la Comunidad Educativa muestran su descontento por el cierre del Jardín y ante la posible reubicación de sus hijos e hijas a otros establecimientos. Modificando la organización familiar, el respeto y cuidados de las primeras infancias donde debe prevalecer la seguridad y la contención de los mismos. Por todo lo expresado y por otros fundamentos, es que se solicitó a esta Honorable Cámara el acompañamiento en esta iniciativa», expresó en el texto.
Las ocho docentes también dejaron de trabajar en el jardín. SADOP, que es el sindicato que representa a docentes de las escuelas de gestión privada- las acompañó en las protestas. Sin embargo, en general hubo silencio. “Los intendentes han guardado silencio absoluto sobre el destino de los SEOS. Por ley y por Constitución, la obligación de brindar educación es del Ejecutivo, sin embargo, en estos casos las ha delegado a fundaciones o los municipios. Siempre se ajusta el cinturón por lo más delgado: en este caso, familias que con mucho esfuerzo llevaban a sus hijos e hijas al jardín para poder trabajar. Protestaron. Fueron a la Justicia. Nada sirvió”, terminó Venier.
Por Laura Fioccheta | Javier Ávila | ONAF | 8 de setiembre de 2022
Hola, mi nombre es Clarisa soy de santa fe, soy Tecnica en Familia, niñez y adolescencia, me gustaria conocer mas esa problematica
Total apoyo para que se continúe con el mantenimiento oficial de la provincia los CEOS. En oportunidades he apoyado con charlas estos emprendimientos valiosos.