En marzo de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de la población carcelaria y sus familias frente a los efectos de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19. ¿Cuál es la situación de las mujeres detenidas la Unidad Penal de Mujeres de El Borbollón? Entrevistamos a integrantes del colectivo Las Suculentas y a Claudia Cesaroni, abogada y referente del CEPOC. Las dudas sobre los datos del COVID-19 en las cárceles y los cambios en el Comité de Prevención de la Tortura de Mendoza.
Falta de condiciones básicas de vida. Falta de respeto a los derechos humanos. Falta de libertad. Falta. En América Latina alrededor de dos millones de personas están privadas de la libertad, en condiciones que no respetan los estándares de derechos humanos básicos.
Según el sitio especializado World Prison Brief, la superpoblación es una constante en las cárceles de Latinoamérica: en Haití hay una superpoblación del 354%, mientras que en El Salvador y Guatemala el porcentaje es del 233%. Le siguen Bolivia con 154%, Perú con 132%, Nicaragua con 91%, República Dominicana con 83% y Honduras con 79%. Luego están Brasil, con 67% de superpoblación, Venezuela con 54%, Colombia con 49%, Paraguay con 43%, Ecuador con 33% y Argentina con 22%.
Estos datos evidencian un nivel de hacinamiento que puede tener graves consecuencias en la propagación del COVID 19. Es por eso que en un comunicado efectuado en marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de la población carcelaria y sus familias frente a los efectos de la pandemia.
Entre otros puntos se sugirió evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo.
Las mujeres de El Borbollón
Desde setiembre de 2004 la Unidad Penal de Mujeres Número 3 El Borbollón está situada en el mismo lugar en que antes funcionaban las instalaciones del Monasterio Nuestra Señora del Rosario de las Monjas Dominicas, a 15 kilómetros de la ciudad de Mendoza.
Las Suculentas es un colectivo que promueve la educación popular y acompaña de manera cotidiana a las mujeres que están en la cárcel. Gabriela, una de sus integrantes explica: “Es muy importante lo que está pasando con las cárceles. Si siempre fueron olvidadas, ahora en pandemia sale a la luz que es el sector más olvidado de la población», afirma.
El 24 de abril hubo una represión a las mujeres detenidas en El Borbollón. El hecho fue difundido en las redes sociales y por algunos medios de comunicación. «Previamente las chicas estaban desde hacía cinco días con huelga de hambre», narra Gabriela. «Cuando comenzó la pandemia, se dejó trascender que habría prisiones domiciliarias y que sería para muchas internas. Esto no sucedió, porque la prisión domiciliara en realidad era para quienes cumplían con muchas requisitos y de hecho aquí en la Provincia hubo muy pocas que pudieron acceder a ella. En El Borbollón, no había casi ninguna”.
Además agrega: “Les sacaron las visitas y todos los talleres. Se pidieron celulares con cámaras para ver a sus hijos e hijas cuando fue la huelga de hambre. No se los dieron. Se las reprimió. Se armó una mesa de diálogo y nunca se respondió a nada. Pasaron el invierno igual, con mucho frío, porque el día de la represión hubo ruptura de puertas que nunca se arreglaron. No hubo calefacción. En la cárcel de mujeres hay un baño para 25 mujeres, porque las otras se rompieron”.
Consultada la abogada Claudia Cesaroni, abogada, docente y referente del CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos), sostuvo: “En 2004 empecé a ir a Mendoza como abogada de la Secretaría de Derechos Humanos, cuando la provincia había tenido 20 muertos en la penitenciaría en un año. Ahora estamos viendo cómo se ha vaciado el Comité contra la Tortura. Además, hay un intento de no mostrar, de ocultar, de evitar que se conozca la realidad de los lugares de encierro”, expresó.
En esa línea, Cesaroni agregó “Se habla que lo único que se pierde es la libertad cuando se está preso. Eso no es así. En la práctica, en la cárcel siempre lo que prima es gente rota que ha cometido delitos contra la propiedad, muchos de ellos insignificantes. No es que yo no le de valor a que alguien le robe el celular a una persona que seguramente lo está pagando. El problema es qué hacemos con meter a esa persona tres años en una cárcel. ¿Le devuelve el celular a tu hijo? Le arruina la vida a esa persona cuando trabaja. ¿Podemos pensar que trabaje y me devuelva el celular? ¿ Podemos pensar que trabaje y me devuelva el celular y me lo pague en cuotas?» , dijo.
Dudas sobre los datos de coronavirus COVID-19
“Las políticas de salud y laborales deben atravesar el mundo de la cárcel. En las cárceles de nuestro país hay muchísimas personas que tienen derecho a tener la libertad. No como regalo ni con la excusa del coronavirus, sino porque tienen más 60 años, hijos/as o porque están en condiciones jurídicas de empezar el proceso en su casas”, agregó la abogada.
En ese sentido, Cesaroni sumó: “Escuchaba al diputado (Alfredo) Cornejo diciendo que está muy bien detener a una persona y que espere el proceso en la cárcel; que con con eso había logrado detener como a dos mil personas. En la provincia de Buenos Aires tenemos el doble de la población carcelaria que de lugares disponibles. Es decir que si tiene un lugar para cuatro personas para sentarse, ocho están en condiciones pésimas”.
Específicamente sobre la situación del coronavirus, Cesaroni sospechó de la cantidad de internos /as en todo el país contagiados de coronavirus. “ O falta información o es casi un milagro. ¿Cómo puede ser que los jugadores de Boca o River se concentren en una burbuja en los lugares donde entrenan y se contagian y en la cárcel supuestamente eso no ocurre? ¿Nos están ocultando información? O no se está testeando lo suficiente. Con los presos de Devoto nos pasó que hubo tres heridos y los tres tenían coronavirus”, finalizó.
Cómo es el nuevo Comité contra la Tortura
El 4 de abril de 2014 en Mendoza se constituyó el Comité para la Prevención de la tortura, tratos crueles y degradantes. Se trata de un organismo que actúa en los lugares de detención para inspeccionar, recibir denuncias y elevar informes sobre este tipo de prácticas.
Hace dos semanas, la Legislatura de Mendoza votó una reforma de dicho comité impulsada por el oficialismo. Hubo dos cambios fundamentales: el procurador de personas privadas de su libertad pasará de ser elegido por concurso a ser elegido por el Senado, de acuerdo a la postulación del Gobernador. Por otro lado, cambia la cantidad de personas que integran al Comité.
Antes estaba integrado por doce representantes de organizaciones de Derechos Humanos, elegidos por sorteo y ad honorem. Con la modificación, ese cuerpo se reemplazará por otro con cuatro miembros: uno por la Suprema Corte de Justicia provincial, otro por el Colegio de Abogados local, otro por la Defensoría General y solamente uno por las organizaciones. Esto generó el repudio de quienes integran los organismos, pero no fue tenido en cuenta por la mayoría legislativa que avaló la reforma.
Por Laura Fiochetta | ONAF | 12 de setiembre de 2020
