A pesar de haber sido sancionada hace cuatro años, la ley de niñez de la provincia de Mendoza aún no ha sido reglamentada. Entrevistamos a Marcela Fernández, una de sus creadoras: “El concepto de corresponsabilidad se diluye claramente porque hay un Estado que no cumple con su responsabilidad. Por lo tanto, no podemos exigir a las familias si el Estado no cumple”, afirma. Críticas al sistema de adopción y a los tiempos de permanencia de niños y niñas en los hogares.
El 20 de diciembre de 2018, la Legislatura aprobó la Ley Provincial de Niñez N° 9139 “Régimen jurídico de protección de las personas menores de edad”, publicada en el Boletín Oficial el 7 de enero de 2019. La norma introdujo importantes modificaciones respecto de la anterior en lo que respecta al rol del Estado y a las obligaciones de toda la sociedad hacia Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Pero pasaron cuatro años y la norma aún no está reglamentada, es decir que hay aspectos que todavía no están en vigencia.
Estas críticas vienen de una voz autorizada: la actual concejal por Godoy Cruz, Marcela Fernández, quien a pesar de ser de la misma fuerza política – Cambia Mendoza- que el Gobierno de Rodolfo Suárez cuestiona la implementación de la norma. Fernández fue quien como subsecretaria de Desarrollo Social trabajó en la elaboración del proyecto de la ley que luego fue sancionada por la Legislatura de Mendoza.
En diálogo con el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia, sostuvo: “Me parece muy lamentable que luego de cuatro años de su aprobación y después de todo el trabajo que hicimos y los aportes que recibimos, no se haya reglamentado la ley”, expresó.
El foco donde mayor atención puso Fernández fue en la situación de los hogares donde se encuentran transitoriamente alojados NNA para restituir sus derechos. “La ley sostiene que pueden permanecer hasta seis meses en los hogares”, asevera la funcionaria. “Luego, o vuelven a las familias o comienzan el proceso de adopción”, continuó.
Sin embargo, la Justicia es la primera en no tener en cuenta este plazo, según señaló Fernández. “Para muchos jueces se trata de tiempos referenciales y en realidad la ley los señala como ordenatorios”, explicó. Esto quiere decir que la norma pone plazos obligatorios para el accionar de la Justicia respecto de los NNA que están en los hogares pero no todos los jueces lo entienden así.
“En realidad la permanencia debe ser de noventa días que se pueden prorrogar hasta tres meses más. Pero nos encontramos que hay niños y niñas que llevan un año en los hogares, nunca se pidió la prórroga ni se inició ningún tipo de proceso ni de restitución a la familia ni proceso de adopción”, siguió Fernández.
En ese sentido, aportó que los niños y niñas alojados sufren deterioros físicos y psíquicos como producto de permanecer tanto tiempo institucionalizados. “Este aspecto es lo que se buscaba evitar con la ley que aprobamos en 2018”, sumó.
Pero además, otro de los grandes – y discutidos- aportes de la ley tampoco se estaría cumpliendo. Se trata del artículo 13 que define la “corresponsabilidad”. El texto indica: “La familia, los organismos del Estado, y las asociaciones civiles, simples asociaciones y/o fundaciones deben asegurar a niños, niñas y adolescentes el pleno desarrollo de su personalidad, hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna”.
El mismo artículo sitúa como principal responsable a “las familias y a su entorno inmediato”. En segundo lugar, al Estado y por último a las asociaciones civiles. En ese sentido, Fernández cuestionó que: “El concepto de corresponsabilidad se diluye claramente porque hay un Estado que no cumple con su responsabilidad. Por lo tanto, no podemos exigir a las familias si el Estado no cumple”.
Respecto de las adopciones, continuó: “Recién ahora se ha instalado una sede de adopciones en el sur de la provincia. Hasta ahora la ausencia de esa sede era un escollo para las familias que querían adoptar y debían trasladarse por ejemplo desde San Rafael o General Alvear hasta el Gran Mendoza y entablar los primeros vínculos. Pero además es muy importante que el Poder Judicial incorpore psicólogos en los procesos de las adopciones porque los niños, niñas y adolescentes necesitan contención”.
Otra de las soluciones urgentes que reclamó Fernández fue la tercerización de los hogares. ¿Qué implica esto? “Dar espacio a las organizaciones sociales que puedan colaborar con mejorar la contención que se les da a los chicos y a las chicas”, finalizó. “Entablan vínculos con el personal de los hogares pero muchas veces el personal no es estable, sino que va rotando o se va”, finalizó Fernández.
Marcela Fernandez es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue jefa del Área social de vivienda del 2002 al 2011 y desde julio del 2011 a 2015 fue Directora de Desarrollo Social en la Municipalidad de Godoy Cruz. Ejerció como subsecretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Mendoza (2015-2018). Actualmente es Concejal en el departamento de Godoy Cruz.
Por Laura Fiochetta | ONAF | 26 de julio de 2022
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