En el mes de mayo y en marco del día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional estuvo en Mendoza la abogada, docente, escritora e integrante de la Red Argentina No a la Baja, Claudia Cesaroni (Buenos Aires). Participó de un conversatorio y visitó el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
En su visita al ex Cose, Cesaroni reforzó una de las razones por las que el colectivo Red Argentina No Baja se opone al proyecto que fue enviado por el gobierno Nacional al Congreso Nacional durante los primeros meses del año: las condiciones de detención en las que se encuentran hoy los cuarenta y dos jóvenes que están ahí alojados.
“La primera vez que vine a Mendoza fue en el año 2004 y lo primero que me llegaron a recorrer fue la penitenciaría de Bouglone Sur Mer, luego el ex-Cose y tiempo después la cárcel de Almafuerte. En esa circunstancia conocí a los jóvenes de prisión perpetua y esta vez, recorriendo el ex Cose y hablando con algunos adolescentes, volví a observar lo mismo que hace 15 años. Estoy espantada de que adolescentes de 16 años puedan vivir en espacios donde no dejaría ni a mi gata. No tienen nada que sea personal. Sólo tienen unas frazadas, hay paredes vacías de rastro de humanidad, no tienen un poster ni tienen ningún espacio para sentarse a escribir, ningún espacio para hacer pis a la hora que pretendan o lavarse la cara en un lavatorio mínimo, una canilla. Los animales no humanos tienen más derechos”, sostuvo la abogada en diálogo con el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad del Aconcagua.
En el conversatorio del que participó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO, reflexionó acerca del incumplimiento de las normas internacionales y comparó la situación de quienes están detenidos en el pabellón de máxima peligrosidad del Sistema de Responsabilidad Juvenil con quienes están en las cárceles para personas adultas. “Pensaba en la Convención sobre los Derechos del Niño, que lo que viene a decir es que los/las niños/as tienen más derechos que las personas adultas, un plus de derechos por su condición de niños y niñas. Pero estamos mintiendo. En ese lugar y tantos otros, los niños y adolescentes tienen menos derechos que las personas adultas privadas de la libertad. Los adultos presos pueden hablar por teléfono, tienen algo para escribir, tienen fotos de sus novias, tienen algunos derechos más que este grupo señalado como adolescentes de máxima peligrosidad que está en el sector A del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza”, dijo. En esa línea, agregó: “ Todo lo que hablemos respecto a normas y reformas penales tienen que tener este trasfondo, la realidad de los espacios donde finalmente van a estar estos chicos que van a ser detenidos”, reflexionó.
Pocos adolescentes, poco cuidados por parte del Estado
Cesaroni citó el informe “RELEVAMIENTO NACIONAL SOBRE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. AÑO 2015” de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). De acuerdo con los datos provistos por las distintas autoridades, de cada una de las jurisdicciones, hay 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país. Esta cantidad representa 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país, según las proyecciones de población por edades simples del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el año 2015.
De este total de 3.908 adolescentes, la mayoría (89,5%) tiene entre 16 y 17 años, esto implica que, en la medida que los delitos imputados sean de acción pública y con una pena de más de dos años de prisión, serían considerados punibles según la legislación actual.
“En primer lugar tenemos que destacar que son pocos en relación a la población de esa edad en el país por lo tanto es inentendible cómo el Estado no puede garantizar condiciones dignas de detención. Por otro lado, cae con uno de los argumentos de quienes defienden el proyecto. No son muchos los jóvenes que cometen delitos en la Argentina”, destacó Cesaroni.
Un proyecto con mirada electoral
El proyecto para bajar la edad de punibilidad fue enviado por el Gobierno nacional dos veces. La primera contemplaba bajar la punibilidad a 14 años. La segunda vez, es decir esta vez, el presidente Mauricio Macri pretende llevar la edad a 15 años. “Sin argumentos de por qué decidió este cambio en la edad”, subrayó la abogada.
Además, agregó : “Este proyecto del Gobierno hay que enmarcarlo en la política punitiva que despliega el Gobierno nacional. Se han agravado la situación de los derechos del pueblo y dentro del pueblo de quienes están más vulnerados en su derechos. No podemos analizar este proyecto sin pensar en Milagros Salas”. Sumó en esa línea: “Lo peor es que hay respaldo público porque para muchas personas los jóvenes tienen que estar en las cárceles. Esta iniciativa además, atraviesa a distintos referentes de partidos políticos, en un año electoral”.
Por ahora no hay fecha de fin de debate en Comisiones.
Perfil
Claudia Cesaroni es abogada y magister en criminología. Es docente y ha escrito varios libros, entre ellos «La vida como castigo. El caso de los jóvenes condenados a prisión perpetua en la Argentina»; «Masacre en el Pabellón Séptimo» y «Un partido sin papá».
Fue asesora jurídica en la Procuración Penitenciaria de la Nación y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Fue Directora Adjunta de la Oficina Regional para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), con sede en Panamá. Fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), en 2004. Impulsora de la Red Argentina No Baja, en 2017.
Por Laura Fiochetta | Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia | 11 de octubre de 2019
