Es diputada provincial e integra la la comisión bicameral de Niñez, Adolescencia y Familia. Durante los dos primeros años de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo fue subsecretaria de Desarrollo Social. En su balance destaca el trabajo en territorio, la articulación de políticas con otras áreas de gobierno y la sanción de la ley provincial 9139.
Al repasar las políticas centrales de los últimos cuatro años, Fernandez destaca el haber trasladado a los niños y las niñas que estaban en el predio de la DINAF hacia hogares instalados en barrios comunes. “Esto implicó un cambio concreto, como por ejemplo, que tengan vecinos y vecinas, que socialicen”, afirma. En ese sentido subrayó que los niños y las niñas de esos hogares están por edades y con sus hermanos y hermanas.
Por otro lado, la Provincia obtuvo ocho millones de pesos para la construcción de un Centro de Abordaje Integral en el predio Sur de la DINAF. (aún no está terminado). Se trata de un nuevo espacio apunta a garantizar la promoción, protección y restitución de derechos a adolescentes, en busca de una resociabilización de forma integral y paulatina de los jóvenes mayores de 16 años en conflicto con la ley.
La coordinación estará a cargo de la Dirección de Salud Mental, perteneciente a la Subsecretaría de Salud. El espacio tendrá un centro productivo formado por equipos profesionales interdisciplinarios, especializados en temáticas relacionadas con actividades productivas que permitan el entrenamiento en habilidades laborales, para que los jóvenes cuenten con herramientas para la inserción laboral.
Se trata de un centro educativo coordinado por la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, en conjunto con la Dirección General de Escuelas, que brindará servicios educativos para la finalización de estudios primarios y secundarios, además de actividades recreativas, deportivas de forma permanente a los adolescentes del programa. “A mi me gustaría que esta idea se traslade también al Valle de Uco para que los jóvenes no pierdan su entorno, no sea necesario trasladarlos al gran Mendoza”, dijo.
Durante estos años, organismos como La UTN (Universidad Tecnológica Nacional) y la municipalidad de Godoy Cruz hicieron convenio con el Estado provincial para que los jóvenes en conflicto con la ley penal hagan oficios. “Ha bajado el índice de reincidencia con respecto a los delitos”.
Por otra parte, la provincia fue incluída en el plan Nacional de Primera Infancia. Hoy, por niño y niña incluido en este programa, se reciben mil pesos por mes, afirmó la diputada.
En relación a lo legal, Fernández enfatizó en la ley “Sistema de Protección de derechos de niños, niñas y adolescentes” sancionada por la Legislatura provincial en diciembre de 2018 (aún no está reglamentada). Esta norma, además de llenar el vacío legal que existía desde la aprobación de la Ley de Protección de niñez y adolescencia nacional que es de 2005, delimitó las responsabilidades de quienes deben garantizar derechos a los niños, niñas y adolescentes en el Estado y las familias. Es lo que se conoce con el concepto de “corresponsabilidad”.
Además, Mendoza fue elegida entre las provincias para monitorear a nivel nacional el trabajo infantil. “Es muy importante por todo lo que implica para los niños y las niñas tener que trabajar en vez de estar en la escuela o jugado. En especial para el deterioro de su salud física y mental”, aseveró la legisladora.)
Por Laura Fiochetta | ONAF | 6 de noviembre de 2019
