Adolescentes y delito en Mendoza: los datos judiciales frente al debate sobre la imputabilidad

Aunque avanza un proyecto para reducir la edad de imputabilidad a 14 años, las estadísticas provinciales revelan una baja participación de adolescentes en hechos delictivos, cuestionando uno de los principales argumentos del debate legislativo. Además, un estudio profundiza en las trayectorias sociales y familiares de los jóvenes privados de libertad, mostrando contextos complejos que trascienden la mera infracción penal.

Fuente: Estudio «Las voces de los adolescentes privados de libertad» (2018). UNICEF y el Centro de Estudios de Población (CENEP). Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/informes/las-voces-de-los-y-las-adolescentes-privados-de-libertad

Después de muchos años de intentos, el Gobierno nacional envió el año pasado al Congreso de la Nación un proyecto para reducir la edad de imputabilidad. 

Hace unas semanas, la Cámara de Diputados emitió un dictamen para disminuir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser considerados punibles, es decir, susceptibles de ser sometidos a un proceso penal tras cometer un delito. Si es aprobado por Diputados, el proyecto pasará al Senado.

Uno de los argumentos que se esgrimen para justificar esta reforma es el supuesto aumento de delitos cometidos por adolescentes. Sin embargo, según información del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, los datos indican lo contrario.

De acuerdo con un informe elaborado por la Coordinación del Fuero Penal Juvenil, al que accedió el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad del Aconcagua, la participación de personas menores de 18 años en hechos delictivos es estadísticamente irrelevante en Mendoza.

Durante 2023, el Fuero Penal Juvenil tramitó 486 expedientes tutelares derivados de causas penales que involucraron a 427 personas menores de 18 años en toda la provincia. En 2024, las cifras son similares: se iniciaron 462 expedientes tutelares, que alcanzaron a 349 personas menores de 18 años.

Otro de los fundamentos del proyecto legislativo es la supuesta participación conjunta de personas menores de 18 años con personas adultas en delitos complejos. No obstante, los registros del Poder Judicial tampoco respaldan esta afirmación. En 2023, solo 165 causas involucraron participación conjunta con adultos, y en 2024 esa cifra descendió a 135.

Respecto de los tipos de delitos cometidos, el discurso público suele centrarse en hechos graves como homicidios o lesiones. Sin embargo, el análisis de los expedientes tramitados por el fuero penal juvenil revela que en 2023, el 62 % de los casos correspondieron a delitos contra la propiedad (robos y hurtos), mientras que solo el 6 % se vincularon con delitos contra las personas, y el 9 % con delitos contra la integridad sexual. 

En 2024 los porcentajes se mantienen: 61 % de los delitos fueron contra la propiedad, 5 % contra las personas y 8 % contra la integridad sexual.

Desde la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial subrayaron: “No puede ser un argumento el aumento de los delitos por parte de jóvenes, porque las estadísticas dicen otra cosa”.

Fuente: Presentación del estudio «Las voces de los adolescentes privados de libertad». UNICEF y el Centro de Estudios de Población (CENEP). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=71TtNQkV4MY&t=36s

Las trayectorias vitales de los adolescentes privados de libertad

En paralelo, un trabajo desarrollado por las licenciadas Noelia Gutiérrez y Romina Cuchi —producto de la articulación entre la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y la Coordinación del Fuero Penal Juvenil— analiza las trayectorias vitales de adolescentes privados/as de libertad en Mendoza.

 El estudio indaga en los espacios de socialización formal e informal por los que transitaron estas personas menores de 18 años, así como en los recorridos institucionales vinculados a organismos de protección de derechos, responsabilidad penal juvenil y justicia penal para adultos.

Las autoras concluyen que, para muchos de estos adolescentes, la cárcel aparece como un horizonte posible dentro de sus trayectorias. Muchos tienen familiares que han estado presos/as y han visitado unidades penitenciarias desde temprana edad. 

La posibilidad de “perder” frente a la infracción de la ley no es percibida únicamente como una consecuencia individual, sino como una experiencia atravesada por múltiples tensiones económicas y sociales que los exceden, aunque los afectan de forma directa.

Además, señalan la fuerte ausencia de figuras masculinas en los núcleos familiares. Las tareas de cuidado, las referencias afectivas y la organización de la vida cotidiana están a cargo casi exclusivamente de mujeres. Los padres, en general, no aparecen como figuras de referencia, ni en los relatos ni en las vivencias. 

En cuanto a la educación, no se presenta como una vía real de movilidad social o transformación económica: las trayectorias universitarias son prácticamente inexistentes, y la educación superior no figura como una opción tangible para modificar su futuro.

Por Laura Fiochetta | ONAF | 23 de mayo de 2025

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