En las últimas semanas la educación fue uno de los temas centrales en la agenda pública en Mendoza. El Gobierno impulsó una nueva legislación que terminó siendo rechazada por la comunidad educativa, los gremios y distintos sectores políticos y sociales. ¿Cuáles son los problemas de la educación en la actualidad? Los cuestionamientos al proyecto de ley oficial. Lineamientos para una ley post pandemia.
El periplo comenzó el 17 de septiembre, cuando el Gobierno presentó un proyecto de reforma de la ley de educación vigente ante el Consejo Provincial de Educación. Una semana después se realizó el Pre Congreso Congreso Pedagógico Mendoza 2020 con el objetivo de debatir la nueva norma. En esa instancia se habilitó un sitio WEB para recibir aportes y participaciones para el congreso, que seria realizado a mediados de octubre. Inmediatamente, el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) salió a pedir que la reforma no se tratara este año por la pandemia y pidió llamado a paritarias. A partir de allí, el borrador empezó a tener fuertes cuestionamientos.
Incluso en plena crisis sanitaria, la disconformidad llegó a las calles. El 25 de setiembre un «caravanazo» de varios kilómetros recorrió la ciudad de San Rafael. El sábado 26 se sumaron los departamentos del Este que se unieron con la misma modalidad por las calles de San Martín. Los días 29 y 30 de setiembre dos nuevas manifestaciones similares recorrieron las calles de la ciudad de Mendoza hasta llegar a la Casa de Gobierno.
La DGE postergó para noviembre la realización del congreso con foco en el proyecto. También introdujo reformas al borrador inicial. Pero no fue suficiente. Las marchas fueron el detonante para que la reforma cayera. El cuatro de octubre el gobernador eligió el diario Los Andes del domingo para anunciar que la discusión de la reforma sería el año próximo.
Sin consenso
Las criticas al proyecto fueron variadas. Las más polémicas tuvieron que ver con la concepción de la educación artística y las restricciones a la libertad de expresión que se imponía los/las docentes en las redes sociales. También se objetó la modalidad de evaluación de la calidad educativa, la cual -según se dijo- buscaba responsabilizar a los docentes por las falencias del sistema. La falta de perspectiva de género, la «municipalización» de la educación y la carencia de un enfoque integral de derechos también estuvieron entre los temas resonantes en la agenda de oposición a la norma.
La objeción al contexto en el que se pretendía impulsar la reforma fue casi unánime. Es que la crisis generada por la pandemia COVID-19 obligó a reformular casi todos los aspectos de la vida social. La educación es una de las áreas afectadas. La suspensión de clases en marzo obligó a todo el sistema a trasladarse a la virtualidad. Los/las docentes aún intentan adaptarse a una nueva forma de enseñar con recursos tecnológicos costeados por ellos mismos.
Docentes al límite
Según datos recopilados en el informe «La dificultad de educar en confinamiento: nuevos roles y sobrecargas para la docencia», publicado por el Centro de Investigaciones de Economía Crítica (CIEC) , al inicio del aislamiento social en Argentina el 29 % de los docentes no tenía computadora; el 17% tenía computadora compartida y con poca disponibilidad y el 59% no tenían conexión adecuada.
Por otra parte, en el informe se afirma que la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por la DEIE en 2018 indicaba que alrededor del 45% de los/las trabajadores/as de la educación no utilizaban tecnologías digitales para su labor educativa y, por tanto, tuvieron que incorporarlas a sus rutinas laborales de manera repentina y sin acompañamiento alguno.
Entre los impactos de la pandemia en la labor docente el trabajo señala la sobrecarga de tareas -laborales, domésticas, de crianza y de apoyo a hijos/as en edad escolar- a las que se ven sometidos/as gran parte de los/las docentes. Por otra parte señala que una proporción significativa tuvo que continuar trabajando fuera de la vivienda en tareas como entrega de alimentos o distribución de material pedagógico. A esto se suma la falta de formación específica en la modalidad de educación a distancia y la carencia de recursos tecnológicos -computadora, smartphone y conectividad- para poder cumplir con sus obligaciones.
Informe: La dificultad de educar en confinamiento: nuevos roles y sobrecargas para la docencia», publicado en septiembre de 2020 por el Centro de Investigaciones de Economía Crítica (CIEC).
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Algunas voces
Al ser consultada por el Observatorio, Ester Trozzo, docente de la UNCuyo, investigadora y doctora en educación, subrayó: “El Gobierno tiene mucha dificultad para dialogar con las maestras. Esta incapacidad de diálogo impide la capacidad de construir políticas públicas. Dicen que habrá más virtualidad pero es necesario pensar en los recursos económicos para poder garantizarla”. El Consejo Superior de la UNCUYO (de la que Trozzo es parte como una de las representantes de Facultad de Artes y Diseño) rechazó por unanimidad la reforma educativa que proponía el gobierno provincial. “Falta una mirada desde lo macro”, sumó.
Por otra parte, Ana Julia Lull, docente con ejercicio en el departamento de Tunuyán, expresó: “las profe andamos buscando herramientas para no angustiarnos de tanta sobrecarga laboral. Todo el mundo está con las compu que se rompen, lo mismo ocurre con el celular”, advirtió. Pero además, agregó : “En el CENS hay gente con COVID o que no puede salir a trabajar y no tiene que comer. Esos son los problemas reales de las escuelas. Muchas veces tenemos que ir a llevarle comidas a los/as jóvenes. Nuestras compañeros/as no pueden llegar a fin de mes”, reflexionó la profesora.
Lineamientos para una ley post pandemia
Rubén Gumilla es licenciado en educación, profesor titular de Procesos Educativos en la carrera de Niñez, Adolescencia y Familia e investigador de la Facultad de Psicología (UDA). Opina que la primera necesidad que hoy tiene el sistema educativo es el acceso a educación de la totalidad de los niños, niñas y adolescentes, algo que desde su perspectiva en la actualidad no se está cumpliendo.
Consultado respecto de las principales lineamientos que debería tener una nueva ley, resalta tres puntos que considera fundamentales: la educación como derecho humano; el financiamiento educativo como responsabilidad indelegable del Estado y el reconocimiento de los derechos laborales conquistado históricamente por los docentes. «En el proyecto no hemos visto claramente estos puntos, por lo menos en el primer borrador que difundió el gobierno», afirma.
Para Gumilla, uno de los aspectos más cuestionables del proyecto es que su elaboración no se basó ni en diagnósticos ni en procesos participativos. «Una de las cosas que más me intranquilizaron del borrador inicial es que hay algunos de los actores de la comunidad educativa que no están siendo visibilizados, como por ejemplo los preceptores y los miembros del servicio de orientación. Eso me parece una falla enorme» sostuvo.
Respecto al proceso de elaboración afirmó: «Sin ninguna duda tiene que ser desde una construcción participativa. La realización de un congreso pedagógico como el que se había planteado debe llevarse a cabo una vez que haya pasado la emergencia sanitaria. No puede ser ahora. El proceso de construcción debe atender a todas las voces de los actores involucrados en el proceso educativo y debe partir de una lógica que parta desde abajo hacia arriba -desde las bases – y no que lo proponga el gobierno y el resto asintamos, firmemos y punto.
A esto agregó: «Es necesario tener en cuenta la diversidad de situaciones. Yo trabajo en dos escuelas diferentes de la ciudad de Mendoza, una pública y otra privada, y las realidades son muy diversas. Como educador tengo claro que es necesario partir de un diagnóstico adecuado y completo de la educación pública y privada de toda la provincia».
Por Laura Fiochetta y Javier Avila | ONAF | 13 de octubre de 2020
