El 20 de diciembre de 2018 la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó la ley que establece el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La normativa busca efectivizar el funcionamiento de todas las áreas involucradas en la temática de infancia y juventud. Aún está pendiente su reglamentación.
Uno de los aportes que el oficialismo considera como fundamental de la nueva normativa es el concepto de corresponsabilidad de todos los ámbitos sociales respecto de la protección de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la presidenta de la Bicameral de Niñez, la senadora radical Claudia Salas confirmó al Observatorio que “la ley de Niñez aún no está reglamentada. Ha pasado por distintos ministerios pero aún resta su reglamentación”, señaló.
¿Qué quiere decir esto? El abogado Pablo Manzur explicó que “ Una cosa es la aprobación de la ley por la Legislatura y otra vez que la ley ya está aprobada se tiene que reglamentar por el Ejecutivo, es decir una resolución qué dispone cómo, cuándo y de qué modo se va a ejercer esa ley, cómo se va a llevar a cabo”.
La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Desarrollo Social, quien deberá velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos y garantías son “irrenunciables, interdependientes e integrales”. Sin embargo, en la aplicación intervienen casi todas las carteras involucradas y la norma debe adecuarse a la ley de Ministerios que aprobó la Legislatura a pedido del gobernador Rodolfo Suárez.
El texto de la ley
Entre otros puntos, la norma dispone que las políticas públicas respecto de niños, niñas y adolescentes, tendrán como objetivo su protección en el núcleo familiar a través de la “implementación de planes de prevención, promoción e inserción social. Independientemente de ello, el Estado arbitrará los medios para asegurar la protección y cuidado de los mismos, a través de sus instituciones en las áreas de salud, educación, seguridad y subsidiariamente justicia, entre otras, para el logro de su bienestar integral fortaleciendo el rol de la familia con el objeto de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
En lo concerniente a la promoción de derechos, incluye difundir, sensibilizar, concientizar, educar y dar participación a la comunidad en general respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto implica desde campañas de información y actividades de capacitación hasta incentivar habilidades personales, grupales y de autoestima; conformar redes comunitarias; fomentar la participación efectiva y la capacitación permanente de todos los integrantes de la Dirección General de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes y fomentar la participación democrática de niños, niñas y adolescentes para que puedan expresarse y su opinión sea tenida en cuenta, entre otras.
En tanto, las medidas de protección de derechos “son las que se adoptan ante la amenaza o vulneración de los derechos o garantías de niños, niñas y adolescentes individualmente considerados, con el objeto de restituirlos. Todas las acciones necesarias deben adoptarse con miras al fortalecimiento y mantenimiento de los vínculos familiares y el respeto por mantener el centro de vida de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no contraríen su Interés Superior”.
En otro orden, se establece que la restitución de derechos consiste en adoptar las medidas de reparación integral de aquellos derechos vulnerados a niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo los vínculos familiares dentro de su centro de vida o fuera del mismo, contemplando la corresponsabilidad, esto es, que la familia, los organismos del Estado y las Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones y/o Fundaciones deben asegurar a niños, niñas y adolescentes el pleno desarrollo de su personalidad, hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna.
Por Laura Fiochetta | ONAF | 20 de diciembre de 2019
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