Fue a partir de una modificación en el Código Penal argentino. Desde el 25 de octubre el Estado debe investigar de oficio cualquier caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Un paso fundamental para terminar con la cultura de impunidad y silencio que rodea al abuso sexual infantil.
A principios de octubre el Congreso Nacional aprobó un proyecto de modificación del Código Penal que venía siendo impulsado por la Red por la Infancia. Con esto se logró que el abuso sexual infantil pasara de ser un delito de instancia privada a constituirse como delito de instancia pública.
Finalmente, el 25 de octubre el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial la modificatoria mediante la cual en Argentina el abuso sexual infantil empieza a ser un delito de instancia pública. Con ello la reforma entró en plena vigencia.
Según algunas estimaciones -difundidas en el marco de la campaña impulsada por la Red por la Infancia para la modificación del Código Penal-, en Argentina casi 2 millones de niños y niñas son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. En el 80% de los casos el agresor forma parte de la Familia. Además, se calcula que de cada 1000 abusos se denuncian 100 y se condena uno.
Pese a ello, hasta hace unas pocas semanas los delitos de abuso sexual eran delitos de acción privada. Esto implicaba que el Estado no los investigaba de oficio, como lo haría con cualquier otro delito. En muchos casos la investigación sólo se iniciaba sólo si el padre, la madre o el tutor de la víctima ratificaba la denuncia.
Por esto la reforma lograda es una herramienta fundamental para poner fin a la cultura de impunidad y silencio que rodea al abuso sexual infantil. A partir de ahora, el Estado deberá investigar de oficio cualquier caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Por Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia | 8 de noviembre de 2018.
